Andrea se vio obligada a buscar otros ingresos para cubrir el 50 % de la reducción de su sueldo. Ella realiza trabajos independientes y participa de varios proyectos comunicacionales.

Ganaba $1200 y ese valor era destinado en un 75 % a alimentación, servicios básicos y deudas que hoy no puede pagarlas. Tiene pendiente la cuota de su vehículo y un crédito bancario.

La quiteña de 26 años, desde julio pasado, percibe $600 al mes y labora cuatro horas al día de lunes a viernes. Afirma que la empresa privada, dedicada a la consultoría, sí respeta el trabajo a media jornada, que será por un año con la posibilidad de extenderse a dos años.

“Me tocó congelar la deuda del carro y un préstamo con una cooperativa (…). Es una afectación porque el sueldo que mantenía se iba al hogar y deudas y ahora tengo un desfase. Por los ahorros estoy saliendo estos meses y proyectos freelances”, dice Andrea, quien trabaja en casa.

Son 1207 empresas que aplicaron la reducción emergente del 50 % a 9319 trabajadores desde el pasado 22 de junio hasta el 3 de agosto, según datos del Ministerio del Trabajo.

Esta figura consta en la Ley de Apoyo Humanitario, publicada en el Registro Oficial el 22 de junio, es decir, en ese mismo día ya se generaron reducciones a la jornada ordinaria o parcial hasta un máximo del 50 %.

Y días después, el Ministerio del Trabajo emitió el Acuerdo MDT-2020-133, que establece las condiciones de la reducción emergente. Esto es, la remuneración del trabajador se pagará en proporción a las horas laboradas y no podrá ser menor al 55 % del valor establecido antes de la reducción. Y el aporte a la Seguridad Social se pagará sobre las horas establecidas en la jornada reducida.

Esta figura podrá aplicarse hasta por un año a partir de su registro en el Sistema Único de Trabajo (SUT) y además podrá ser renovable por el mismo periodo solo por una ocasión.

Las reducciones se focalizan más en las provincias de Pichincha con 5166 y Guayas 1787. Las demás provincias tienen menos de 1000 como Tungurahua (656), Azuay (361), Manabí (284), El Oro (178), Galápagos (158), Imbabura (107), Loja (105), Cotopaxi (92), Los Ríos (90), Chimborazo (58), Santo Domingo de los Tsáchilas (55), Orellana (51), Carchi (35), Santa Elena (34), Esmeraldas (33), Cañar (17), Sucumbíos (16), Pastaza (13), Napo (10), Bolívar (6), Morona Santiago (6) y Zamora Chinchipe (1).

Las áreas donde laboran más trabajadores con jornada reducida son manufactureras, comercio al por mayor y al por menos, reparación de vehículos automotores, actividades de alojamiento y de servicios de comida, y científicas y técnicas.

En tanto, 671 empresas han ingresado a su nómina a 2638 trabajadores bajo el contrato emergente. Otra figura de la normativa y que el Acuerdo Ministerial MDT-2020-132 establece los lineamientos a cumplir.

Señala que este contrato especial emergente se deberá celebrar por escrito, contener los requisitos establecidos en el Código del Trabajo para la suscripción de un contrato individual de trabajo y ser registrado en el SUT dentro del plazo de quince días contados a partir de su suscripción.

Además, que podrá celebrarse como “Contrato especial emergente a jornada completa” o “contrato especial emergente a jornada parcial”. Y el pago de la remuneración podrá efectuarse diariamente, semanalmente, quincenalmente o mensualmente previo acuerdo de las partes.

Pichincha se convirtió en la provincia con más contratos (1125), luego Guayas (510), Azuay (244), Los Ríos (180), Manabí (179), Santo Domingo de los Tsáchilas (126), Cotopaxi (83), El Oro (56), Tungurahua (54), Chimborazo (20), Cañar (19), Imbabura (13), Esmeraldas (12), Loja (7), Orellana (3), Carchi (2), Sucumbíos (2), Galápagos, Santa Elena y Zamora Chinchipe (1).

En las áreas de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, industrias manufactureras, comercio al por mayor y menor, comunicación y transporte son las que más contratos emergentes se han celebrado.