El miércoles 22 de abril de 2020, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) resolvió exhortar a los órganos de la función judicial para que planifiquen el regreso paulatino a sus actividades.
Pidió que se elaboren protocolos de bioseguridad, sistemas de atención por turnos o franjas horarias para evitar aglomeraciones y el uso de medios telemáticos.
El Consejo de la Judicatura (CJ) lo implementa. “Establecer bajo qué parámetros la función judicial debe retornar. Sin duda, nosotros necesitamos que se apliquen los protocolos que ya tiene el Consejo de la Judicatura desde el primer día0020de la emergencia y que esos protocolos son de bioseguridad”, dijo la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado.
“Estamos ya por aprobar el plan de retorno progresivo, que nos tiene que presentar la Dirección General para la aprobación del Pleno”, añadió.
Durante la emergencia, solo han funcionado ciertos servicios judiciales, como las Unidades de Flagrancia y la mayoría de audiencias están suspendidas.
La Federación Nacional de Abogados no está de acuerdo con que se retomen las actividades de forma presencial. Su presidente, Ramiro García, envió una carta a la Judicatura en la que expresa su preocupación.
En la misiva indica que «reabrir la actividad judicial de forma presencial implicaría poner en riesgo a funcionarios y abogados, y en el peor de los escenarios, volver a cerrar las unidades judiciales ante la evidencia de un contagio múltiple, con el coste de vidas”.
Además, solicita que se gestione una plataforma para revisar expedientes digitalmente, presentar escritos y recibir notificaciones en línea.