Luego de cinco días de declaraciones cruzadas entre el presidente Guillermo Lasso y la dirigencia de los maestros, el Gobierno aclaró este 17 de marzo de 2022, que el impacto fiscal del incremento salarial al magisterio público es de $500 millones al año aproximadamente.

Según un comunicado oficial, el Ejecutivo no recibió una solicitud de disponibilidad financiera para esta propuesta.

Desde los sectores legislativos que el pasado 13 de marzo de 2022 aprobaron las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y la dirigencia de la Unión Nacional de Educadores (UNE), se ha afirmado que el impacto fiscal sería de $630 millones.

Mientras que el durante una entrevista radial, Lasso habló de una cifra de alrededor de $4.000 millones.

Si se revisan los datos procesados en la Comisión de Educación de la Asamblea, el actual gasto mensual por el salario de 169.559 docentes asciende a $147,34 millones, lo que representa $1.768,08 millones al año.

Con aumentos salariales que llegan hasta el 55%, o un promedio de casi $260 al mes para cada maestro, el gasto anual en sueldos se incrementa hasta los $2.302,68 millones. En otras palabras, el valor adicional que se debe desembolsar anualmente es de alrededor de $534,6 millones.

Ese valor equivale a un poco más de la recaudación de un punto porcentual del Impuesto al Valor Agregado (IVA) anual o el equivalente a casi cinco meses del gasto que el Gobierno deberá hacer este 2022 por concepto del subsidio al diésel.

En el comunicado, la administración de Lasso asegura que reconoce la labor que los docentes realizan en favor de los hijos de los ecuatorianos. Sin embargo, puntualizó que trabajará para incrementar progresivamente sus salarios, respetando la ley y revisando se cumpla el debido proceso.

«Los salarios de (los) docentes podrán ser revisados en el marco de la reactivación económica. Este es un compromiso de todos los ecuatorianos, cada uno a seguir activando la economía del barrio, de las ciudades y del país. Vamos a atraer más inversión, generar más empleo y más acciones para contar con recursos permanentes. Nuestros docentes merecen un alza salarial responsable y que perdure en el tiempo», se aclaró.

En otras palabras, el Gobierno apunta a un escenario en donde el aumento no se hará de manera inmediata, entre otras razones porque las fuentes de financiamiento esgrimidas por asambleístas y dirigentes del magisterio no son sostenibles.

En primer lugar, incluso con un aumento en la recaudación de impuestos de alrededor de $1.000 millones anuales, en promedio el Gobierno tendrá al mes alrededor de $1.194 millones de ingresos permanentes; mientras los gastos permanentes (sueldos, compras públicas, transferencias) promedian un poco más de $1.200 millones (una diferencia negativa). Esto sin tomar en cuenta los más de $500 millones del ajuste salarial a los maestros.

En segundo lugar, los ingresos petroleros (la otra fuente de ingresos para el alza planteada por la Asamblea) son una lotería con un precio del barril de crudo extremadamente fluctuante. En los mejores años del boom petrolero, durante la década correísta, los recursos que llegaban al Presupuesto General del Estado (PGE), después de entregar recursos a Petroecuador (inversiones, importación de combustibles y subsidios), y Gobiernos locales, promediaron los $5.164 millones.

En las circunstancias actuales, ese monto ni siquiera llega a cubrir las inversiones anunciadas en mejoramiento de carreteras, una parte de la deuda con el IESS y otro porcentaje del abultado gasto en intereses y amortizaciones de la deuda pública vigente.

Asamblea apunta a derogar la reforma tributaria

Pocos días después de aprobar un aumento del gasto público en el Pleno de la Asamblea vía incremento salarial a los maestros, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), con cinco votos a favor, calificó este 17 de marzo los dos proyectos de ley que plantean derogar la reforma tributaria.

Las dos propuestas calificadas fueron presentadas en noviembre y diciembre de 2021 y corresponden a los legisladores Patricia Sánchez, Ángel Maita y Salvador Quishpe (Pachakutik), y de la asambleísta de UNES, Vivian Veloz.

La ley que pretenden derogar las dos bancadas legislativas incluyen los nuevos tributos que están en vigencia (aumento en el pago del impuesto a la renta y contribución temporal sobe el patrimonio) y que han sido objetivo de críticas por los mismos sectores políticos y económicos. A pesar de esto, la propuesta de alza salarial al magisterio se asienta, en parte, en estos ingresos adicionales.

El trámite de estos dos proyectos se realizará en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Daniel Noboa.

FUENTE: LA HORA ECUADOR