El movimiento Fuerza Compromiso Social presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) una denuncia en contra del informe de la Contraloría General del Estado, que determina que se deje sin efecto su inscripción del Registro de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Vanessa Freire, presidenta del movimiento acudió este lunes hasta el TCE en Quito, y aseguró que el contralor Pablo Celi está «pretendiendo poner en duda la legitimidad» la inscripción, y lo acusa de «la vulneración de derechos a la participación, al debido proceso, y actúa fuera de sus competencias».

En su cuenta de Twitter, la dirigente política escribió que solicitaron además, la destitución de Celi por «arrogación de funciones» e «intromisión en el proceso electoral».

Esto porque el CNE se encuentra en periodo electoral debido a la organización de las elecciones de presidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos, previstas para febrero del 2021.

Fuerza Compromiso Social, al que se adhirió el expresidente Rafael Correa y sus seguidores, fue señalada junto a otras tres organizaciones, Juntos Podemos, Justicia Social y Libertad es Pueblo, dentro de un informe de Contraloría por incumplir con el 1, 5% de firmas para su inscripción que establece la Constitución, tras detectar firmas de menores de edad y fallecidos, y números de cédula repetidas, por ejemplo.

Este lunes, en una rueda de prensa con políticos de la Revolución Ciudadana, advirtieron que acudirán hasta instancias internacionales para denunciar una posible afectación a sus derechos de participación.

Virgilio Hernández, miembro del movimiento correísta, increpó que esto «constituye injerencia directa en los organismos de la Función Electoral porque se quiere incidir para que se nos deje fuera de la posibilidad de participar electoralmente».

Añadió que la actuación de la Contraloría es «por la desesperación de una persona que sabe que está actuando al margen de la ley y la Constitución, que se ha mantenido en su puesto porque está cumpliendo el rol de perseguirnos y de buscar la proscripción política y actúa de manera desesperada».

Hernández también anunció que presentarán medidas cautelares en la justicia ordinaria para evitar que se ejecute la acción del órgano de control, y al TCE que observe que hay una «intromisión en el CNE y una clara injerencia en el proceso electoral».

Para Freire el objetivo es impedir que Rafael Correa esté en la papeleta para las próximas elecciones. «Es evidente la persecución política en contra de este movimiento», añadió, y pidió a los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional que inicien un juicio político en contra de Pablo Celi.

El Consejo Nacional Electoral conoció el 2 de enero pasado el primer informe de la Contraloría en donde se recomendaba la extinción de las cuatro organizaciones.

En esa sesión con los votos de Diana AtamaintJosé Cabrera y Esthela Acero se ratificaron en mantener la personería jurídica de Compromiso Social y Juntos Podemos, en base a un informe jurídico interno que les recomendaba mantenerlas en el Registro porque habían adquirido derechos al participar en comicios anteriores, y porque no incumplían ninguno de los requisitos de cancelación, establecidos en el artículo 327 del Código de la Democracia.

Luego, el 21 de febrero se ratificó la permanencia de Justicia Social y Libertad es Pueblo con los votos de Cabrera y Atamaint, quien dirimió en aquella ocasión, porque el vicepresidente Enrique Pita se abstuvo, al igual que la vocal suplente, Mérida Nájera.

A esa sesión la consejera Esthela Acero y Luis Verdesoto no asistieron.

Como consecuencia, la Contraloría -en su último informe del 18 de junio- determinó que el CNE no cumplió su recomendación de dejar sin efecto la inscripción de estos cuatro grupos políticos; y este 22 de junio se predeterminó la destitución y una multa de $ 7880 a los consejeros Cabrera, Atamaint y Acero, y a otros siete funcionarios que no observaron las recomendaciones establecidas en la auditoría, aunque no se conoce la multa impuesta.

Los servidores electorales y los tres vocales tienen un plazo de 30 días para presentar sus pruebas de descargo y defenderse de esta predeterminación.

Juntos Podemos está liderado por Paúl Carrasco, exprefecto de Azuay; Fuerza Compromiso Social afín al exmandatario; Justicia Social, liderado por Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, exasesora de Correa, los dos últimos involucrados en el caso Sobornos 2012-2016; y, Libertad es Pueblo, cuyo fundador es Gary Moreno, hermano del presidente Lenin Moreno.