La tarde del 3 de agosto, el concejal Fernando Morales y su abogado Edison Carrillo acudieron al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para presentar una denuncia por una posible infracción electoral cometida por Jorge Yunda, al no acatar la sentencia de la entidad que ratificó lo actuado por el Concejo Metropolitano de Quito en la remoción de la alcaldía el pasado 3 de junio.

La denuncia planteada por Morales parte del pedido de absolución de consulta que Yunda hizo al TCE, el pasado 8 de junio, para que se pronuncie sobre su remoción. El Tribunal respondió la consulta el 1 de julio, mediante una resolución en la que sostiene que en el procedimiento “se cumplieron las formalidades” previstas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). No obstante, Yunda hizo otra solicitud de aclaración y ampliación, de la cual el8 de julio el TCE resolvió y dispuso a la Secretaría General que proceda a “certificar la ejecutoria de la absolución de consulta”.

Morales expresó que Yunda no ha acatado el fallo y reiteró que, de acuerdo con la Constitución, en materia electoral “el TCE es la máxima instancia”; por lo tanto, dijo, la resolución tiene carácter de sentencia y es de obligatorio cumplimiento.

“Lo único que se está haciendo es aplicar esta viveza para sentarse en el puesto. Hay muchas dudas de todos los actos que (Yunda) está realizando, ya que serían presuntamente ilegales”, manifestó el edil del Movimiento Concertación.

El abogado Carrillo señaló que la denuncia se basa en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual trata del incumplimiento de decisiones de autoridad competente. Explicó que esto amerita que el TCE remita las copias certificadas del expediente sobre la absolución de consulta que fue pedida por Yunda, y a su vez intuya en que se pueda promover un posible delito de incumplimiento.

Según la norma, “la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Después de entregar el escrito en el TCE, Morales mencionó que en las próximas horas se presentará a la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección para que resuelva entre la sentencia de Contencioso, que da la razón al Concejo Metropolitano, y el dictamen de la Corte Provincial de Pichincha que devolvió el cargo a Yunda. Esta diligencia se realizará por parte de Santiago Guarderas y un grupo de concejales. EL UNIVERSO