El 14 de febrero de 2022 podría ser el inicio de una nueva serie de hechos violentos en Ecuador, luego de que en Durán, provincia del Guayas, se encontraran los cuerpos de dos hombres, colgados de un puente peatonal.

Uno de los muertos fue reportado como desaparecido, dos días antes, y no tiene antecedentes penales, según la Policía Nacional,. Dice que ya tiene una primera hipótesis, la misma con la que se han justificado las muertes violentas dentro y fuera de las cárceles: el decomiso de droga.

Pero la violencia que vive Ecuador no es más que el resultado de 15 años de desatención y de la desarticulación de instituciones de inteligencia policial y de la base de Manta (2009), durante el gobierno de Rafael Correa.

Así lo describen dos catedráticos y expertos en seguridad: Daniel Pontón y Esteban Altamirano, quienes descifran también qué significa colgar cuerpos de puentes; una práctica que en México se popularizó desde 2008, durante los enfrentamientos entre el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán.

El mensaje no es solo para el Estado

Pontón dice que es innegable que estos son actos que parten de una violencia en las cárceles, que al no poderse contener se traslada a la calles.

El objetivo, dice Altamirano, es hacer una afrenta al Gobierno. “La actual pasividad de las cárceles, entre comillas, se debe a una serie de actuaciones afuera. El Gobierno corre detrás de los hechos y no previene. Hay que preguntarnos si estos son distractores para que desde las cárceles se de un nuevo amotinamiento, por ejemplo”, señala.

Pero Pontón dice que hay otra motivación para cometer estos actos. Se trata de asustar a la ciudadanía, para concretar métodos extorsivos en las comunidades. Las llamadas ‘vacunas’ a negocios comerciales, por ejemplo. Y Altamirano agrega que es un inicio hacia los secuestros para exigir dinero y, en un futuro cercano, “negociar así con el Gobierno”.

De vigilar al narcotráfico a los opositores

Pontón dice que al gobierno de Lenín Moreno se le advirtió que la falta de contención en las cárceles le pasaría factura al país. Mientras que Altamirano dice que hay una desprotección estatal de la seguridad, desde hace 15 años. “Mientras íbamos perdiendo protección nos hacían creer que éramos una isla de paz”, añade.

Entre los principales antecedentes está la desarticulación de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional (UIES) que, desde la década de los 90’s, había creado alianzas con Colombia, México, Perú y Estados Unidos para el combate al narcotráfico.

En el documental, ‘Cabos Sueltos’, Manuel Silva, excomandante de la UIES, detalló que en octubre de 2007 incautaron cuatro toneladas de cocaína de las FARC, con el ingreso de un avión que sin autorización estuvo en el hangar presidencial. El avión salió de Ecuador y fue detenido en México y se determinó que contaba con la ayuda de miembros de la Policía Nacional y del Gobierno de ese entonces (Rafael Correa), como José Ignacio Chauvín, quien en reiteradas ocasiones negó haber recibido dinero de las FARC, pero sí haber tenido acercamiento con ellos.

Altamirano asegura que al verse involucrados funcionarios del gobierno del expresidente Correa con el narcotráfico eso “causó incomodidad”. La UIES dejó de funcionar y se creó la Senain a la que, en los siete años que funcionó, se le asignó $310 millones. “Ecuador pasó de vigilar al narcotráfico, para dedicarse a vigilar opositores”, destaca Altamirano.

Sin control aéreo

 En 2009 no solo se eliminó la Unidad de Inteligencia para reemplazarla por el SNAI. También se produjo el retiro de la base de Manta.

Mario Pazmiño, quien en 2008 fue director de Inteligencia del Ejército, aseguró, en una entrevista a la BBC, que “la inseguridad, con la salida de la Base de Manta, va a afectar a todo el proceso que se venía siguiendo por parte de EE.UU. en la región con relación al combate al narcotráfico”.

Según Pazmiño, “este tipo de estrategia que utilizan las FARC les beneficia, porque si les sacan todas las bases norteamericanas del contexto regional, indudablemente le van a facilitar el manejo del narcotráfico en la región”.

 Medidas sin efecto

El Gobierno de Guillermo Lasso declaró los cerros de Montecristi y San Isidro, en Manabí, como área reservada militar de defensa. En Montecristi se instaló un radar que explotó en noviembre de 2021.

“De lo que acaba de pasar no tenemos certeza absoluta, no puedo afirmar que se haya producido un atentado, aunque lo más probable es que lo sea”, dijo Guillermo Lasso, al ser consultado sobre el radar. Actualmente hay investigaciones abiertas sobre el caso. (AVV)

“Posiblemente veremos muchos más cadáveres colgados. Se busca (grupos delictivos) hacer una afrenta respecto al dominio del Estado”, Daniel Pontón, doctor en ciencias sociales y experto en seguridad

FUENTE: LA HORA ECUADOR