Una deuda de su furgoneta que ya suma $2800 frente a ingresos de $272 y pensar cada día en la alimentación es la preocupación de Cristóbal Herrera, de 57 años.

Tiene aplasia medular (desaparición de las células encargadas de la producción de la sangre en la médula ósea) y ahora su hijo le ayuda a sustentar a una familia de cuatro integrantes.

«Soy una persona vulnerable y estamos pasando una situación difícil porque no tenemos el expreso escolar, pocos son los que están en empresas y hay días que hay y otros que no», dice y añade que a la semana realiza dos rutas y eso es «cuando hay».

Por temor a su salud no ha tratado de buscar otro sustento, prefiere no exponerse demasiado. «Yo tuve un buen tiempo que me ponían sangre y plaqueta, pero gracias a Dios hace un año que ya no», agradece Herrera.

Igual de crítica es la situación de Érika Saquinga, socia de la Cooperativa Sagrada Familia, filial de la Unión Provincial de Transporte Escolar e Institucional del Guayas (Uprotei-G).

Es madre soltera y mantiene a su hijo de 10 años y a sus padres que pasan de 60. Vive angustiada día a día de no saber hasta qué punto soportará.

«Todo el transporte escolar se paralizó porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Las personas que no están laborando en colegios y escuelas no saben qué hacer con un carro nuevo, muchas personas se han muerto de depresión, por COVID-19 y no sabemos hasta cuándo será esto. 

Tengo compañeros que están vendiendo agua, productos alimenticios, de repente hacen delivery», cuenta y agrega que se dedica a la venta de aretes por Instagram para pagar sus deudas.

Érika recuerda el suicidio de un transportista que tenía una fuerte deuda por su furgoneta nueva. Al sentirse presionado, su compañero tomó esa decisión: «Un compañero de tanto pensar en su situación tomó la mala decisión y se quitó la vida porque no soportaba la presión. Ocurrió los primeros días de junio. 

Él sacó un vehículo y no tenía cómo pagar. Era la cabeza de familia con tres niños. Él sacrificó su vida«, relata.

Este caso se suma a los 26 transportistas escolares fallecidos a nivel nacional por COVID-19, de acuerdo con Oswaldo Guamán, presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional de Ecuador (Fenatei).

Son 13 980 transportistas en la Federación, 6535 en Quito y 2300 en Guayaquil. Ellos calculan $25 millones en pérdidas para todo el 2020.

«Mucha gente ha tratado de vender los vehículos, ¿pero quién compra ahora? Es desesperante saber que tienes que mantener a tu familia y pagar deudas», apunta Guamán.

De los cerca de 14 000 transportistas, solo 3189 están activos a nivel nacional. La mayoría se concentra en Santa Elena, en las zonas bananeras, y en Manabí, en las atuneras y camaroneras. También hay un porcentaje en Cotopaxi y Pichincha por agricultores y en Guayas con el sector comercial-productivo.

El gremio pidió a las autoridades que se reduzcan las revisiones vehiculares porque no cuentan con los recursos para dar mantenimiento. Además, llegar a un acuerdo con las empresas que tienen a su personal activado.

«El problema del país es de salud pública y esta a través de la movilidad. En el bus público se suben y bajan pasajeros. Nosotros hemos hecho una propuesta a las autoridades de que a las empresas se las motive que por cada diez trabajadores que tengan contraten un transporte institucional. ¿Cuál es la ventaja? Que usted tiene un vehículo que le ayuda desde su casa hasta su trabajo y viceversa, entonces no está expuesta al contagio como es en transporte público», menciona.

Otra propuesta plantea la Uprotei-Guayas, a través de su presidente Henry Pinto: que se prorroguen por dos años los contratos con los expresos para estar seguros.

«Si se prorrogan los contratos, se tendrá trabajo para febrero o marzo de 2021, que se nos garantice», indica.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, señala que este sector al igual que los demás están afectados y que las propuestas serán escuchadas y analizadas. Menciona que hay opciones como el programa Reactívate Ecuador para que accedan a créditos bancarios.

«Hemos venido conversando durante la pandemia, en esta semana vamos a tener una reunión para entender un poco más cómo apoyarlos, pero siempre ha habido una postura abierta con el gremio (…). Las resoluciones en cuanto a aforo, a que no haya clases presenciales son resoluciones que las toma otra cartera de Estado (Comité de Operaciones de Emergencia) y obedecen a una situación de pandemia que se intenta controlar», expresa.

Uprotei-Guayas agrupa a 64 operadores de transporte con 2200 unidades. Pinto, además, solicita mayor control con todos los vehículos. Considera que hay competencia desleal.