Denunciar ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) o resolver en el seno del Consejo Nacional Electoral (CNE) una posible acción por ‘intromisión’ en funciones en pleno periodo electoral por las elecciones generales del 2021, son las estrategias que estudian los consejeros Diana AtamaintJosé Cabrera y Esthela Acero, en contra del contralor del Estado Pablo Celi.

Los tres consejeros reaccionaron ayer a la predeterminación de destitución y multa, establecidas en un informe de seguimiento a las recomendaciones del órgano de control, porque permitieron que Justicia Social, Juntos Podemos, Fuerza Compromiso Social y Libertad es Pueblo mantengan su personería jurídica, pese a haber incumplido con el requisito constitucional del 1, 5% de firmas para obtener su personería jurídica.

La presidenta Atamaint calificó a la acción de «desproporcionada», y le recomendó a Celi que «los esfuerzos se enfoquen en el combate a la corrupción y no se haga eco de las fuerzas políticas que quieren tomarse por asalto al CNE».

Reconoció que las recomendaciones son de obligatorio cumplimiento, pero se dijo “sorprendida” porque en un primer informe se les recomendó “revisar” el estatus de las organizaciones, que «sí cumplimos»; y, en una segunda sobre el mismo tema viene una recomendación que «jamás la conocimos” y el “viernes nos encontramos con la sorpresa de que se las elimine”.

Ella advierte que “existe una clara intromisión en marcha” por lo que el pleno conocerá las acciones a seguir, una vez que se declaró el inicio del proceso electoral el 14 de abril.

Analizan denunciar ante el TCE la actuación de Celi, que se sumaría a otra planteada por Fuerza Compromiso Social el lunes pasado, y cuyo juez ponente es Fernando Muñoz.

Cabrera esgrimió que la inscripción de las agrupaciones «está en firme», pues en administraciones anteriores se los inscribió; y, Acero dijo que el «espíritu de Esthela Acero está en la Constitución, y actuaré en ese marco».

Para el constitucionalista Ismael Quintana, la Contraloría actúa por una «incorrección» pero no “borra” a los grupos.

«Cuando contesten a la predeterminación y se confirme o no la sanción, ahí procederá el trámite de destitución, pero el acto de inscripción de las cuatro organizaciones seguirá en firme”, dijo; y recordó que el artículo 92 de la Ley de la Contraloría señala que las recomendaciones son de obligatorio cumplimiento. El Universo