Autoridades de Gobierno, del Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) y de las Fuerzas Armadas explicaron ante el pleno de la Asamblea Nacional las acciones que realizan con respecto a la inseguridad en Ecuador y la violencia carcelaria.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo que las organizaciones criminales han aumentado su “capacidad de penetración en la economía, manejada bajo lógicas de corrupción en todo nivel, los sectores públicos y privados”.

Agregó que esta es una seria amenaza para la seguridad del Estado.

Sobre la situación carcelaria, el director del SNAI, Bolívar Garzón, explicó que hay 15.000 personas en los centros penitenciarios sin sentencia, lo que representa el 40% de la población general de privados de libertad.

Además sostuvo que “solo hay 14 jueces de beneficios penitenciarios. Hay 5.000 expedientes represados que no se dan trámite. En el SNAI entregamos los documentos, pero son los jueces los que deciden“, indicó Garzón.

Ante la preocupación por el hacinamiento en los centros carcelarios, Garzón manifestó que en las cárceles de Guayas el nivel es del 60,20%.

“Aquí se encuentra la mayoría de personas procesadas que todavía no tiene sentencia”, agregó Garzón.

El funcionario pidió a los asambleístas que trabajen en una ley de rehabilitación social.

“Nuestra base es el Código Orgánico Penal, pero solo habla de la parte punitiva, no de la rehabilitación”, insistió Garzón, quien no explicó cuál es la situación actual de la Penitenciaría del Litoral después de la masacre de 118 personas, ocurrida el 28 de septiembre.

“Las amenazas, desafíos y otras preocupaciones que enfrentamos a escala nacional y regional poseen capacidades logísticas, financieras y tecnológicas inagotables, provenientes de la economía criminal”, informó la ministra Vela.

Todos concordaron en trabajan para detener a las organizaciones delictivas, “que son cada vez más articuladas, poderosas y violentas, pero donde también necesitan de las acciones de los municipios”.

FUENTE: PRIMICIAS Ec