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Ecuador evita pagar unos 600 millones de dólares por arbitraje internacional

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La Procuraduría General del Estado ha logrado hasta la fecha evitar el pago de cerca de 600 millones de dólares en ocho casos de litigios…

La Procuraduría General del Estado ha logrado hasta la fecha evitar el pago de cerca de 600 millones de dólares en ocho casos de litigios y demandas internacionales, según informó este miércoles la entidad defensora.

En un comunicado precisó que, en concreto, son 597 millones los que no ha tenido que pagar finalmente el Estado, de un total de 615 millones de dólares, en procesos internacionales generalmente por incumplimientos de contratos, juicios en sede extranjera, o supuestas violaciones a los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI).

Las ocho entidades que acudieron a tribunales en el exterior son Internexa, Inmobiliar, Sociedades Grupo Albacora, FAE, TAME, OCP, Cooper Mesa y Repsol 3.

En los casos de arbitrajes y juicios en sede extranjera de Internexa, Inmobiliar, el Grupo Albacora y Tame los resultados fueron favorables para la defensa del Estado, lo que se refleja en que Ecuador no tuvo que desembolsar ningún monto tras acogerse al proceso judicial.

En el caso Internexa, por ejemplo, dos compañías extranjeras iniciaron en 2015 un arbitraje internacional contra la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), demanda en la que argumentaron que la telefónica ecuatoriana incumplió el Acuerdo Global de Compromiso para la explotación del Negocio de Transporte Regional en Ecuador (NTR).

El documento recoge que el mencionado acuerdo “se hizo para que las empresas participaran en el negocio regional portador de telecomunicaciones en la región Andina, Centroamérica y Brasil”.

Las compañías extranjeras solicitaban el cumplimiento de este acuerdo y la indemnización por daños y perjuicios, a lo que la Procuraduría ecuatoriana desvirtuó en julio pasado “las pretensiones de las empresas extranjeras” y ganó el arbitraje internacional.

Algo similar ocurrió con el caso Albacora que data de marzo de 2015.

La empresa española Albacora S.A. notificó a la Procuraduría General del Estado ecuatoriano una controversia relativa a inversiones al Estado ecuatoriano.

La firma alegó que las determinaciones tributarias realizadas por el Servicio de Rentas Internas afectaban a su inversión, pues consideraba que la exención al impuesto a la renta, establecida en la Ley de Zonas Francas, estaba vigente.

Además, la Procuraduría ha llegado a soluciones amistosas, como las alcanzadas en los casos OCP y Repsol 3, mientras que se produjo un desistimiento en el caso de FAE y un acuerdo parcialmente favorable en el caso Cooper Mesa.

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