El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) decidió enviar a la Asamblea Nacional una solicitud para que interprete la ley y emita un criterio sobre el posible nombramiento de un contralor encargado, ante la crisis derivada del proceso penal que mantiene en prisión al contralor subrogante Pablo Celi.

«Esta es una salida que enfrenta y da cara a la situación que está pasando la Contraloría General del Estado. Que mientras se da y se culmina este concurso tengamos a alguien que le dé legitimidad a las acciones que se dan en esta situación», argumentó Sofía Almeida, presidenta del CPCCS.

Pero en la Asamblea, hay voces que anticipan que eso no es posible. Una de ellas es Nathalie Arias, integrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

«Nos ha sorprendido la resolución que emiten porque cuando nosotros realizamos un trámite de interpretación de un artículo o varios necesitamos el texto que se sugiere para poder hacer la interpretación. Cuando no se adjunta este texto eso sencillamente no tiene viabilidad alguna», aclara Arias.

La defensa de Pablo Celi considera que la Contraloría no está en acefalía porque al momento Carlos Riofrío actúa como subrogante, y que no cabe la solicitud que el Consejo hace a la Asamblea.

«Eso sería una ilegalidad por cuanto no se podría nombrar un contralor encargado porque la ley no faculta esas cosas. Es decir vamos a cambiar todo el ordenamiento jurídico ¿solo para nombrar un contralor encargado?», afirmó Marcelo Ron, abogado de Celi.

Dice que los únicos caminos legales para que Celi deje de ser Contralor, son el juicio político, el concurso que posesionará a un contralor titular en marzo de 2022 o que Pablo Celi renuncie a su cargo. ECUAVISA