Que se les imponga la máxima pena para el delito de delincuencia organizada (9 años y tres meses); el pago de una multa de 20 salarios básicos unificados y que cancelen como reparación integral material una parte proporcional, de acuerdo a su participación en el delito, de los $ 8 millones dispuestos, es lo que solicitó, la tarde de este martes, la fiscal general Diana Salazar contra Pablo Cruz, Dany Calderón y Danilo Véliz, acusados de ser parte de una organización para beneficiarse ilícitamente de recursos del Estado destinados a la construcción del hospital de Pedernales.

En el cuarto día de audiencia de juzgamiento la fiscal Salazar en su alegato de cierre insistió en que los procesados adecuaron su conducta para cometer el hecho delictivo, formaron parte de la estructura delincuencial investigada y cometiendo delitos penales que superan los 5 años de sentencia.

Además de la pena de cárcel, para Cruz, Calderón y Veliz la Fiscalía solicitó que ellos, en calidad de autores directos, como medida de reparación simbólica publiquen la sentencia de este caso en la página web del Servicio de Contratación de Obras (Secob) y en dos medios de difusión masiva de las provincias de Pichincha y Manabí.

Según Salazar, entre finales del 2019 y el 2020, la estructura criminal que operó en Pichincha y Manabí estuvo en encabezada por el exasambleísta Daniel Mendoza y contó con la designación de cargos de René Tamayo, director del Secob; el contratista Franklin Calderón; el representante del Consorcio Pedernales-Manabí, José Véliz; y otros ya sentenciados en la causa. Para la acusación, los actos fueron concertados y cada uno de los sentenciados mantuvieron un rol y participación.

Contra Pablo Cruz, Dany Calderón y Danilo Véliz la Fiscalía presentó agravantes. De los dos primeros dijo que se aprovecharon de ser funcionarios públicos en el Secob; mientras que de Véliz dijo que se aprovechó de la calamidad pública que existía, es decir cuando todos estaban confinados por la pandemia, él fue a BanEcuador a cobrar los cheques, cuyo efectivo iba a ser repartido entre los miembros de la organización.

Tanto la Fiscalía como la Procuraduría General del Estado, que actuó como acusadora particular, si los procesados no estaban de acuerdo con lo que estaban firmando al ser parte de una instancia pública, no debieron haber firmado los informes que de una o de otra forma fueron usados para entregar el contrato al Consorcio Pedernales-Manabí.

Cruz, Calderón y Véliz, como parte de su defensa, entregaron sus testimonio en el que aseguraron no haber realizado ningún acuerdo, no conformaron ninguna organización delictiva, ni se beneficiaron económicamente. Cruz habló poco antes de acogerse a su derecho al silencio, pero Calderón aseguró que el Consorcio Pedernales-Manabí no cumplía con los requisitos necesarios y que de ello se informó a la presidenta de la Comisión en el Secob, Jennifer Cobeña, ya sentenciada a 40 meses de cárcel.

Los $ 8 millones que se define como reparación integral en este caso es el equivalente al anticipo entregado por el Estado para el proyecto de construcción del hospital de 30 camas para Pedernales, ubicado en la provincia de Manabí. El pago de la reparación integral deberá repartirse de forma proporcional entre los trece procesados en esta causa, es decir, los ocho sentenciados por procedimiento abreviado, Cruz Calderón y Véliz; y el exasambleísta Eliseo Azuero y el exsubdirector del Secob, Jorge Jalil, quienes han sido llamados a juicio, pero se mantienen en calidad de prófugos.

Al momento se encuentran haciendo sus alegatos de cierre las defensas de los tres procesados. Una vez concluyan, los jueces Luis Antonio Rivera (ponente), Felipe Córdova y Walter Macías, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), entrarán en fase de deliberación antes de emitir una resolución condenando o absolviendo a uno o varios de los investigados. EL UNIVERSO