El Gobierno ecuatoriano presentó una denuncia en la Fiscalía para que investigue a una red de corrupción que operaría en hospitales públicos de la ciudad de Guayaquil (oeste) y que cobraría dinero a familiares de víctimas de COVID-19 por entregar los cuerpos de los fallecidos.

«No descartamos que en la red también estén involucradas personas que no trabajan para el Ministerio de Salud Pública ni en hospitales públicos; las investigaciones están a cargo de la Fiscalía, donde ya hemos presentado una denuncia», dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en una rueda de prensa virtual.

La funcionaria se refirió a una denuncia presentada por Jorge Wated, responsable de la Fuerza de Tarea Conjunta para el manejo de cadáveres en Guayaquil, en la que indica que «se puede presumir de negligencia o de la existencia de una supuesta red de personas», en hospitales del sistema público de salud en esa ciudad costera.

La red, integrada por funcionarios o empleados de varios hospitales, se dedica a pedir dinero a los familiares de los difuntos a cambio de la entrega de los cadáveres, agrega Wated en el documento presentado en la Fiscalía.

Según el funcionario, los integrantes de la red aparentemente ingresan al lugar reservado de cada uno de los hospitales en donde se hallan los cuerpos y realizan la búsqueda de los cadáveres.

Wated añadió que ello ha provocado que se extravíen las identificaciones formales de otros fallecidos antes de ser entregados por los responsables de los hospitales a la denominada Fuerza de Tarea Conjunta.

Tras quejas de ciudadanos que no sabían en dónde estaban los cuerpos de sus familiares o amigos, el presidente Lenín Moreno pidió investigar un mal manejo de cadáveres en las morgues de los hospitales de Guayaquil y aseguró que no permitirá que nadie sea sepultado sin su identificación.

El 9 de abril el ministro de Salud, Juan Carlos Cevallos, destituyó a un funcionario del hospital del Guasmo Sur, un barrio marginal al sur de Guayaquil, por supuestamente cobrar hasta 100 dólares a los familiares a cambio de retirar los cadáveres de ese centro de salud.

Guayaquil, la capital de la provincia del Guayas, es al momento el epicentro de la pandemia en Ecuador, con 3.384 casos confirmados de COVID-19.

En dicha ciudad, una saturación de los hospitales públicos generó en días pasados centenas de reclamos por cadáveres que no eran levantados a tiempo de domicilios y tenían que esperar hasta cuatro días, hayan fallecido o no por COVID-19.

Adicionalmente, los servicios funerarios también se vieron sobrepasados por la inusual demanda y porque algunos cerraron por temor de que sus empleados se contagien, lo que complicó aún más la situación.

Ante la gran cantidad de cadáveres, el Gobierno y la alcaldía de Guayaquil tuvieron que colocar contenedores refrigerados en algunos hospitales públicos para albergar a los cuerpos de los difuntos hasta que puedan ser enterrados.

La Alcaldía además anunció que inició en esa ciudad la construcción de dos cementerios.