La Fiscalía General del Estado (FGE) mira con «profunda preocupación» las últimas decisiones de los organismos jurisdiccionales, relacionadas con los casos de presuntos actos de corrupción, presentados a la justicia por la Fuerza de Tarea multidisciplinaria de la Institución en las últimas 24 horas.

«Como organismo técnico especializado y titular de la acción penal, la FGE actúa con sujección a la Constitución, la Ley u los convenios de derechos humanos. Y si bien la medida cautelar de prisión preventiva es excepcional, desde la excepcionalidad existen parámetros que también los operadores de justicia deben analizar al momento de motivar sus fallos», señaló la entidad a cargo de la fiscal general Diana Salazar.

La FGE resaltó que Ecuador vive en estado de excepción por la emergencia sanitaria de Covid-19, que ha dejado ya miles de víctimas mortales, ha colapsado el sistema nacional de salud y ha afectado el desarrollo productivo del país. «Paralelamente, se han hecho públicas una serie de denuncias sobre presuntos sobreprecios e inconsistencias en procesos de contratación para dotar de insumos médicos a hospitales y entregar asistencia humanitaria a quienes más lo necesitan», enfatizó la entidad.

Según el ente judicial, «muchos de los acusados son funcionarios públicos en cargos jerarquizados, que pueden poner en riesgo las investigaciones y quedar en la impunidad».

Por lo que agrega que, el combate a la corrupción debe ser integral y, particularmente, de las instituciones de la Función Judicial de la que forma parte la FGE.

Las acciones que Fiscalía despliega en territorio «son el resultados de cientos de horas de trabajo técnico de equipos multidisciplinarios e interinstitucionales, qe implican el uso de recursos económicos que requieren de logística especializada y conllevan riesgos en su ejecución».

En consecuencia, la Fiscalía General del Estado hizo un llamado a los demás órganos del eje de Justicia para que «asuman esa responsabilidad con mayor entereza y contundencia, en el marco de sus competencias y del debido proceso, haciendo uso del Derecho como un instrumento fehaciente para la consecución de la justicia, la paz social y la lucha contra la impunidad, que es el clamor de todos los ciudadanos».

Al respecto, Salazar manifestó que «el sistema de justicia es un engranaje: si una de sus partes falla, el resultado será la impunidad. Desde Fiscalía estamos cumpliendo con nuestra obligación; ojalá todos los demás lo hagan».

Un operativo realizado el miércoles se saldó con 17 detenidos y 37 allanamientos en las provincias de Guayas y Pichincha.

Al expresidente Abdalá Bucaram lo detuvieron en su residencia en Guayaquil, en el marco de una vasta redada ordenada por la Fiscalía General del Estado, durante investigaciones por presunta corrupción en la compra de productos médicos durante la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, un juez emitió medidas alternativas a la prisión preventiva para el exmandatario, quien deberá cumplir arresto domiciliario pues la Fiscalía lo procesa por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego.

«El sistema de justicia representado por los jueces están dando un mensaje claro a la ciudadanía: que aquellos casos de corrupción, no importa cuanto sea el perjucicio, tienen la posibilidad de que sigan realizándolo…Querían laz cabezas. Ahí están las cabezas, pero no para que estén menos de 24 horas privados de libertad. Sino para que respondan ante la justicia». Así se refirió Salazar a la decisión de prisión preventiva, en entrevista para Ecuavisa.

En el operativo también se intervino la vivienda del prefecto de la provincia de Guayas, Carlos Luis Morales, por otro caso de presunto tráfico de influencias en la compra también de insumos médicos en los últimos dos meses y medio.

Un juez dictó la «prohibición de salir del país, presentación periódica y uso de dispositivo de vigilancia», detalló la Fiscalía General del Estado.