Más eficiencia y menos corrupción. El Gobierno ecuatoriano se comprometió a cambiar el sistema de compras públicas, en el marco del acuerdo que renegoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El objetivo es ahorrar un monto cercano a los $ 1.500 millones hasta 2025 (1,5 % del producto interno bruto). Al menos, hasta finalizar 2022, se deberá optimizar gastos por un monto cercano a $ 1.100 millones, según el ‘Staff Report’, el informe que publicó el Fondo el 7 de octubre con los detalles del programa.

¿En qué consistirán los cambios? Según el cronograma del acuerdo con el FMI, hasta finales de octubre de 2021, el Gobierno debe establecer y comenzar a operar el Subsistema de Control Nacional (SNC) para combatir la corrupción en las adquisiciones.

El SNC facilitará la coordinación entre las entidades públicas con competencias de control sobre el sistema de contratación pública, mediante la interoperabilidad de sus bases de datos, dice el documento del organismo.

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Infografía. EXPRESO.

Hasta fines de noviembre de este año, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)y la Secretaría Nacional de Planificación, deben emitir pautas de adquisiciones para todos los sectores del Gobierno para aumentar la dependencia de las compras por catálogo, mejorar los procesos de adquisiciones y hacer cumplir las compras a granel y estandarizadas para la administración central.

Los mecanismos que permitan que las medidas den el resultado deseado, dice el acuerdo con el FMI, involucrarían verificaciones cruzadas por parte del MEF o una entidad relacionada de que las compras se adhieran no solo a los lineamientos, sino a los límites presupuestarios establecidos para la institución contratante.

La aplicación de la nueva modalidad se implementará gradualmente desde fines de 2021 (Gobierno central, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) hasta fines del primer trimestre de 2022 (gobiernos subnacionales, empresas estatales), etc.

De la aplicación de los cambios depende el desembolso de $ 700 millones del organismo multilateral planificado para fines de este año.

El Fondo señala que el Gobierno ya ha dado los primeros pasos en ese sentido. El 12 de agosto pasado, el presidente Lasso emitió el Decreto 155 para regular la reciente legislación anticorrupción que requiere que la Contraloría General del Estado controle la disponibilidad presupuestaria y la existencia de estudios de mercado, antes de que se inicie cualquier contratación pública.

Las compras públicas han sido un foco de ineficiencia y corrupción, según varios estudios de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

En septiembre de este año, la Contraloría señaló que hubo falta transparencia en el uso de los recursos públicos en las compras por la emergencia sanitaria para enfrentar la pandemia de COVID-19.

“Solo el 6 % de las auditorías utilizadas en el análisis no reportó novedades”, indicó la Contraloría en un comunicado de prensa difundido el miércoles 22 de septiembre de 2021.

En el 94 % restante, los equipos auditores hallaron incumplimientos legales en la administración de los recursos destinados a enfrentar los efectos de la pandemia. Por ejemplo, los funcionarios no publicaron oportunamente documentación relevante, contratos, informes parciales, etc.

Solo el 6 % de las auditorías utilizadas en el análisis no reportó novedades

Contraloría General del Estado

Pérdidas por $1.400 millones entre 2013 y 2017

El 73 % de los procesos de compras públicas realizados en el período 2013-2017 se efectuó por régimen especial, es decir, contratación directa sin concurso, según un estudio del Banco Mundial.

Este porcentaje representa $ 18.753 millones en compras de bienes y servicios realizadas, principalmente, por entidades estatales en un 33 %; empresas públicas (24 %) y gobiernos autónomos (16 %). Esto provocó un perjuicio para el Estado de $ 1.400 millones en ese período.

FUENTE: EXPRESO