Guillermo Lasso, presidente de la República, recorrió la comunidad de Yutzupino, en Napo, para evaluar los daños ocasionados por la actividad ilegal de minería. Allí, este jueves 7 de abril del 2022, revisó las acciones gubernamentales empleadas para solucionar este problema.

El Gobierno mantiene su lucha para combatir la minería ilegal y sus delitos conexos, como el contrabando, el lavado de activos, la explotación laboral, la trata de personas, la asociación ilícita, la delincuencia organizada, entre otros.

El pasado 13 de febrero, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables -a través de la Agencia de Regulación y Control de la Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR)-; la Policía Nacional, Fuerzas Armadas en coordinación con la Comisión Especial para el Control de Minería Ilegal, y otras entidades, ejecutaron el operativo denominado ‘Manatí’ en Yutzupino. 

Según se detalló en un comunicado de la Presidencia de la República, el resultado de los seis días de operación militar y policial permitió la aprehensión de 148 máquinas retroexcavadoras que destruyeron el río Jatun Yaku y otros implementos que eran utilizados para la extracción ilegal de recursos mineros. 

Así se desarticuló un negocio ilegal de cerca de 30 millones de dólares. Además, se desprendieron varias investigaciones previas de asociación ilícita, delincuencia organizada y actividad ilícita contra los recursos mineros a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

«No podemos mantenernos cruzados de brazos mientras estos delincuentes destruyen y roban al país. Ante ello decidimos actuar de inmediato», expresó el presidente Lasso en su visita a Napo para constatar las acciones y lo que generó esta actividad ilegal.

Juan Carlos Bermeo Calderón, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, explicó que en Napo existen 202 áreas mineras. De ellas, 159 se encuentran dentro del radio de 20 kilómetro de la zona de impacto, según la ARCERNNR. Y frente a las afectaciones de la minería ilegal, se suspendieron, hasta la fecha, a 76 derechos mineros vigentes en el cantón Tena para proteger al ambiente y a las comunidades aledañas.

Mientras que, de las 83 áreas mineras restantes, 18 concesiones han sido archivadas mediante resolución por vencimiento de plazo; 30 están en proceso de revisión para archivar por vencimiento de plazo; y los 35 restantes son trámites de peticiones por lo que no aplica una suspensión.

Fuera del radio de 20 km de la zona de impacto, se identificaron 43 concesiones, a las que se les realiza el seguimiento del cumplimiento de los permisos de agua y licencia ambiental.

FUENTE: EL TELÉGRAFO