La ONG Human Rights Watch (HRW) ha solicitado investigar abusos policiales en las marchas «pacíficas» del 8M en el Día Internacional de la Mujer en Ecuador y ha denunciado «un uso excesivo de la fuerza» por parte de las fuerzas de seguridad debido a la utilización de porras, gases lacrimógenos y gas pimienta.

Tal y como detalla la ONG en un comunicado, los manifestantes reivindicaban los derechos de las mujeres y exigían al presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, aprobar una ley para garantizar el acceso al aborto para las víctimas de violación.

«El presidente Lasso dijo el 8 de marzo que su gobierno estaba trabajando para garantizar el bienestar de las mujeres y una sociedad más justa e igualitaria», ha asegurado la directora interina para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk Broner. «Debería empezar por garantizar la rendición de cuentas por los abusos policiales durante las marchas del Día Internacional de la Mujer», ha agregado.

El 15 de marzo, Lasso vetó parcialmente la ley del aborto y la devolvió al Congreso, que tenía 30 días para considerar sus propuestas de enmienda.

«El veto presidencial socava el trabajo realizado por el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, y el voto de la mayoría de la Asamblea Nacional, para permitir a las mujeres y niñas ecuatorianas recuperar sus propias vidas tras el trauma de la agresión sexual», ha denunciado el comunicado de HRW.

Asimismo, la organización ha señalado que la Asamblea Nacional debería mantener su compromiso de proteger a las mujeres y las niñas manteniendo el texto actual sin cambios.

Human Rights Watch ha denunciado que ha verificado «más de una docena de publicaciones en redes sociales y videos de Quito y Guayaquil que fueron publicados en Twitter, Instagram y Youtube el 8 de marzo».

Así, ha destacado que algunos de ellos «muestran a la Policía utilizando gases lacrimógenos y gas pimienta contra las manifestantes, o a las manifestantes reaccionando a su uso». «Otros muestran a la policía utilizando líquido a presión para dispersar a los manifestantes», ha añadido.

En este contexto, en Quito, Viviana Erazo, periodista del medio digital Wambra, estaba cubriendo la protesta cuando, según dijo a la organización, un policía la acorraló y la golpeó con una porra. La periodista ha confirmado a HRW que luego fue rociada con gas pimienta cuando intentó alejarse.

«Estas denuncias coinciden con un vídeo publicado en Instagram en el que Erazo está de pie en una esquina grabando la marcha con su teléfono, cuando un agente de policía la golpea en la espalda con una porra. Segundos después, parece reaccionar ante el gas pimienta, cuyo sonido se puede escuchar en la publicación en los medios de comunicación», ha alertado HRW.

Por otro lado, «una mujer publicó en Twitter una denuncia de que la policía la había golpeado a ella y a su hija de 23 años y había utilizado gas pimienta contra ellas», ha denunciado en un comunicado la organización.

Así, HRW ha hecho hincapié en que «otro vídeo de Quito muestra a la Policía disparando líquido presurizado a los manifestantes que se encontraban a pocos metros de ellos».

También se registraon incidentes en Guayaquil. Valeska Chiriboga, una activista que asistió a la manifestación, ha asegurado a Human Rights Watch que la Policía «utilizó gas contra los manifestantes y más de 40 mujeres que habían participado tenían síntomas como vómitos, picazón y ardor en los ojos».

«En ambas ciudades, la razón por la que la policía restringió las marchas no estaba inmediatamente clara», ha recalcado HRW.

La secretaria nacional de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, ha subrayado que se solidariza con las mujeres, ha denunciado los incidentes y ha pedido que se investigaran.

«El uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad ecuatorianas no es nuevo», esgrime el comunicado de HRW.

Así, ha incitado a Ecuador crear una ley que regule «el uso legal, proporcional, adecuado y necesario de la fuerza, basada en los estándares internacionales de Derechos Humanos».

HRW ha recordado que según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, «las autoridades sólo deben restringir las reuniones pacíficas cuando dichas restricciones sean necesarias y proporcionadas, y el medio menos restrictivo para lograr un objetivo legítimo».

«Independientemente de que las autoridades consideren que las protestas son ilegales, no deben utilizar la fuerza para dispersarlas, sino sólo como último recurso en respuesta a una amenaza real», ha sentenciado el comunicado.