Con posturas contrapuestas entre las bancadas, la Policía y defensores de Derechos Humanos sobre la Ley del uso legítimo de la fuerza, la Asamblea abrió este jueves 4 de agosto el debate del veto parcial del Ejecutivo a este proyecto y aplazó por 48 horas una resolución.

El presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela (Ind.), suspendió la sesión cuando apenas habían intervenido cuatro legisladores. Anunció que el tratamiento se retomará en modalidad virtual a las 10:00 de este sábado 6, en el último día de plazo que tiene el Pleno para pronunciarse.

El informe no vinculante de la Comisión de Seguridad llegó al debate sin asegurar los 92 votos que se requieren para ratificarse en el texto que fue inicialmente aprobado el 7 de junio pasado, respecto a 20 de las 21 objeciones de Carondelet.

Por esa opción se inclinaron las bancadas del correísmo (Unes), de Pachakutik y parte de la Izquierda Democrática. El presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, (ID), admitió que el resultado “es incierto aún. Tenemos una mayoría, pero necesitamos una mayoría calificada”, anotó.

El oficialista movimiento Creo y el Partido Social Cristiano (PSC) se inclinaron por allanarse a las observaciones del Primer Mandatario, en cuyo caso se requiere de 70 votos, que tampoco los hay.

Si el Pleno no encuentra consensos hasta el sábado, la norma entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley, es decir, que irá al Registro Oficial conforme a las propuestas del Ejecutivo, según la Constitución y la Ley Legislativa.

Nudos críticos  

El proyecto mantiene, al menos, cuatro nudos críticos:

  • Las entidades complementarias en materia de seguridad ciudadana.
  • El rol de las Fuerzas Armadas en los estados de excepción.
  • Derechos y obligaciones de los uniformados respecto al uso de armas letales
  • Responsabilidad y rendición de cuentas de los uniformados.

El presidente de la Comisión, Ramiro Narváez (ID), calificó como una “venta de humo” la pretensión de que los militares puedan actuar en el combate a la delincuencia.  

“Darles a una facultad para el control del orden público, esto es severamente cuestionado por organismos internacionales porque la historia ha demostrado las violaciones que se pueden generar en ese contexto”, anotó.

Sin embargo, el oficialista Jorge Pinto consideró que la idea es crear un estado de emergencia, “que es un estado intermedio entre la normalidad y el estado de excepción”, para que los militares puedan actuar.

La socialcristiana Geraldine Weber llamó a la ciudadanía a “estar vigilantes” de la votación de los legisladores, en momentos que el país enfrenta al crimen organizado y se necesitan herramientas para combatirlo.

Patricia Núñez (Unes) calificó al veto presidencial como “un mamotreto”, “una pérdida de tiempo” y “un show mediático para decir que están haciendo algo”. Mario Ruiz, del ala radical de Pachakutik, consideró que el Presidente “lo que quiere es disponer de una ley para perseguir a la oposición cuando salga a las calles.  

Antes de iniciar el debate, el Pleno recibió al director de Recursos Humanos de la Policía, Fausto Olivo, quien llamó a los legisladores que no incluyan disposiciones como la aplicación de medidas sustitutivas para los uniformados que usen armas letales contra los delincuentes.  

Aseguró que algunos artículos podrían impedir que los policías actúen en casos como el secuestro y asesinato de Diana Carolina, una mujer en Ibarra, ya que se pretende incluir tiempos específicos para que puedan disparar.

Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos, intervino por videoconferencia. “Varias objeciones por parte del Presidente de la República tienden a disminuir el nivel de apego del proyecto con los estándares internacionales en la materia”, advirtió.

Vía: El Comercio

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