La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió un oficio al canciller ecuatoriano, Luis Gallegos, en el que solicita información sobre el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) relacionada con la inscripción de Álvaro Noboa como candidato presidencial por el movimiento Justicia Social.

La CIDH hace un recuento de todo el proceso, desde que a Justicia Social le retiraron la personería jurídica por recomendación de la Contraloría, “por lo que Noboa no pudo ser registrado como candidato presidencial”, y de las demás sentencias y resoluciones del Contencioso Electoral.

“La Comisión recibió información de que el Movimiento Justicia Social presentó al señor Noboa como su candidato presidencial, respetando el plazo de cinco días otorgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para tales efectos. Según lo informado, el 11 de noviembre el CNE reconsideró su decisión y determinó que el plazo para el registro de candidaturas había vencido en fecha anterior a lo previamente establecido. Por consiguiente y contrario a la decisión del TCE, el señor Noboa un pudo ser registrado como candidato”, consta en el documento.

Preocupa situación

El organismo internacional también recoge que los días 11, 12 y 13 de este mes, el Pleno del CNE estuvo convocado para sesionar y tratar una resolución en cumplimiento de la sentencia del Tribunal, pero que en ninguna de las tres ocasiones se pudo llevar a cabo dicha sesión por falta de quórum.

Por estos hechos la CIDH expresa su preocupación sobre los impactos de las decisiones del CNE respecto a los derechos al debido proceso y participación política de Noboa que podrían representar “afectaciones a la institucionalidad democrática del país”.

Con estos antecedentes y citando la normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos, la CIDH solicita al Estado ecuatoriano que proporcione toda la información sobre este caso en un plazo de 15 días. Especialmente, lo relacionado a la situación en que se encuentra el proceso de inscripción de Noboa en el CNE tras las resoluciones del TCE y los recursos disponibles para la protección y garantía de los derechos a la participación política de ciudadanos en los casos de no ejecución de resoluciones del TCE respecto a sus derechos.