“Asambleísta (Guadalupe) Llori: vuelva a sus orígenes. La naturaleza es sabía. Vuelva a la Amazonía”, dijo en tono de despedida el asambleísta independiente Jhon Vinueza antes de votar a favor del informe presentado por el presidente de la comisión evaluadora, Pedro Zapata. El texto recomienda la destitución de la Presidenta de la Asamblea por incumplimiento de funciones.

La Presidenta de la Asamblea tendrá cinco días para convocar al Pleno y poner en el orden del día el debate de su propia destitución.

Fueron casi dos horas en las que la comisión revisó el borrador del documento. Pudo durar menos porque el texto ya lo tenían todos en sus computadoras y la resolución fue unánime. Los cinco miembros votaron, como era previsible, por el sí a la destitución de Llori.

Durante los 27 días que trabajó la comisión como reloj suizo, sin que amenazas de bomba, anuncios de fumigaciones y dos feriados interfirieran. Todas las votaciones fueron unánimes.

La última no fue la excepción. La sesión solo tardó un poco porque el abogado de +Llori se presentó, sin previo aviso, a reiterar lo que ha dicho durante los 27 días que ha durado la evaluación: que el proceso es nulo. Luego se retiró.

Los abogados y los asesores legales de los cinco asambleístas se hablaron al oído más que en todas las otras sesiones y mucho más mientras se acercaba el momento de la votación final, que duró 10 minutos.

Con esto, la suerte de la Presidenta de la Asamblea parecería definida. En cinco días, el Pleno, con 70 votos, puede enviar a la “mujer valiente y amazónica” ―como la llamó el Presidente Guillermo Lasso en su informe a la Nación― de regreso a su curul y ser una legisladora más de Pachakutik.

Pero la pugna por el poder Legislativo no acabaría ahí. Quienes deben sucederle también pueden quedar fuera y la nueva mayoría nombrar a nuevas autoridades, de su confianza.

Incertidumbre

En ausencia temporal o definitiva o de renuncia del cargo de la Presidenta o el Presidente, lo reemplazarán, en su orden, la primera y la segunda Vicepresidenta o Vicepresidente. Eso dice el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El 15 de mayo de 2021, Virgilio Saquicela fue designado como el primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional.

Obtuvo una curul en este periodo con los votos de su provincia, Cañar. Era parte de la bancada oficialista, pero fue separado luego de que formó parte de la oposición que promovió la formación de la comisión evaluadora.

Por Ley, Saquicela debe ocupar el cargo que dejaría Llori. “Pero habrá que ver qué pasa con el resto de denuncias que están por procesar”, dijo el asambleísta del ala rebelde de Pachakutik, Darwin Pereira a LA HORA.

De ello dependerá si Saquicela se queda por unos días o por el resto del periodo de la Presidencia, que es un año más.

La denuncia a la que se refiere Pereira fue ingresada el 18 de mayo por la misma bancada que lo cobijó al inicio. El asambleísta Eitel Zambrano de BAN lo acusó de incumplimiento de funciones al faltar a sesiones del CAL, sin justificación, impidiendo el normal desarrollo del Consejo.

El proceso debe ser calificado por el CAL y luego entrar al Pleno que puede decidir la formación de una comisión multipartidista que evalué su función. Es decir, se repetiría el proceso que se está siguiendo a Llori. También existe la opción de que sea destituido.

Habrá que esperar qué bancadas apoyan a Saquicela, ya que es un asambleísta independiente, que fue cercano al Gobierno.

Los independientes se han convertido en una fuerza política silenciosa que toma fuerza. Actualmente, son 20 legisladores que no tienen compromiso con algún partido político.

Altas fuentes legislativas han señalado que Saquicela no tendría la confianza del correísmo para ocupar la Presidencia. Esto dificultará la llegada de Saquicela al máximo cargo de la Asamblea Nacional.

Otra en la mira

Si el segundo al mando de la Asamblea Nacional también fuese destituido, la ley prevé que será la segunda vicepresidenta quien lidere el Legislativo. Este sería el caso de Yesenia Guamaní de la ID. El problema es que ella también tiene una denuncia en su contra que espera ser calificada, o no, por el CAL.

El 18 de mayo de 2022, el mismo día que el oficialismo ingresó la denuncia contra Saquicela, el correísmo hizo lo suyo contra Guamaní.

La asambleísta Jhajaira Urresta, de UNES, denunció a Guamaní por incumplimiento de funciones. De acuerdo al documento, al que tuvo acceso LA HORA, el correísmo la acusa de haber calificado, a través del CAL, un proyecto de derogatoria de ley a los 87 días, cuando la Ley Orgánica de la Función Legislativa les da hasta 60 días.

“Si bien el CAL es un órgano colegiado integrado por siete miembros, la responsabilidad de sus miembros se puede establecer de manera individual”, insiste Urresta en el documento con trámite 420071. También se acusa a Guamaní de haber presentado una moción para consultar un tema técnico a la Corte Constitucional sobre el mismo proyecto de derogatoria que ya había sido calificado tarde.

A las 16:00 de este  25 de mayo, el CAL iba a sesionar para tratar como primer punto la calificación de la denuncia contra Guamaní. Sin embargo, minutos antes Llori canceló la sesión.

 Los asambleístas Ronny Aleaga (UNES), Virgilio Saquicela (independiente), Johanna Moreira (ex ID) y Darwin Pereira (rebelde de PK) ya estaban sentados en la sala de sesiones, listos para procesar la denuncia de Guamaní cuando el Secretario de la Asamblea les informó la cancelación. Los cuatro miembros del CAL protestaron.

Por su parte, Guamaní denunció minutos después al correísmo. “Quiero denunciar públicamente al país una persecución política en mi contra e incluso en contra de mi familia, por no haberme adherido a una nueva mayoría que busca apoderarse de los espacios de la Asamblea”, advirtió.

FUENTE: LA HORA ECUADOR