El presidente de la Conaie, quien fue detenido el 14 de junio de 2022, un día después de que estallaron las protestas que duraron 18 días y provocaron grandes pérdidas al país, debe responder a la Justicia, independientemente de los acuerdos que pactó con el Gobierno, aseguran analistas.

El día de su detención, Iza lideraba el cierre de carreteras en Cotopaxi e increpó a que se radicalicen las protestas que luego derivaron en actos vandálicos, cierres de carreteras e incluso en ataques a instituciones públicas y negocios privados.

Posteriormente, el 19 de junio,, cuando el movimiento indígena se alistaba para ingresar a Quito, el mismo dirigente  hizo un llamado a los manifestantes a respetar las condiciones mínimas para permitir el tránsito de ambulancias,  medicinas,  productos de primera necesidad.

Informes preliminares dan cuenta que solo en Quito, en los 18 días de paralización se registraron pérdidas por $1,3 millones. A escala nacional, según estimaciones del sector empresarial, los daños superan los $50 millones por el cierre de carreteras.

Por esto, la Fiscalía acusa al dirigente indígena y en el contexto de una presunta comisión del delito de “paralización de servicio público” en calidad de “autor mediato”, y por presuntamente haber interrumpido la circulación en una vía.

Sin embargo, para Giuseppe Cabrera, analista político y docente universitario, más allá de que la Justicia determine la supuesta infracción,  cree que al dirigente se le debería  atribuir “indudablemente” la responsabilidad política (de lo ocurrido en las protestas)  y por no haber asumido con la suficiente importancia  la problemática que genera impedir el  libre tránsito.

Si bien en las manifestaciones pueden darse focos de violencia que  eventualmente no  podrían ser  controladas por los líderes,  Cabrera opinó que Iza no fue claro en adoptar acciones relevantes para que se permita el paso de medicinas, oxígeno, gas de uso doméstico, entre otros.

“Dar una declaración en los medios de mayor difusión nacional no necesariamente significaba que ese mensaje le llegó al manifestante que estaba día y noche controlando una vía interprovincial”, afirmó.

Además, el movimiento indígena -aseguró- cuenta con otras vías de comunicación y otras formas para tomar decisiones.

Cabrera subrayó que las bases respetan mucho los liderazgos constituidos, por lo que un mensaje a través de este mecanismo hubiese sido más efectivo.  “Creo que (Iza) no se tomó muy en serio el buscar que se habiliten nuevas vías”, alertó.

Cuestionó que incluso, cada provincia tenía su lógica y se llegó al “absurdo” de crear salvoconductos para permitir el paso como en Tungurahua y Chimborazo.

 “La Justicia debe actuar”

Mario Mena, abogado y docente universitario, remarcó que la Justicia debe actuar y evaluar independientemente del pacto o los acuerdos a los que haya llegado el Gobierno con la Conaie.

Estos compromisos, añadió, no deben ser vinculantes para la función judicial. Si se comprueba la presunta  infracción, Leonidas iza,   tendrá que pagar una pena, porque eso abona al estado de derecho.   (SC)

 ‘Choque de derechos’

El derecho a la resistencia por el que la Conaie se movilizó en todo el país, “chocó” con lo que debe ser una protesta pacífica como lo manda la Constitución, dijo Ximena Ron, constitucionalista.

Todos los actos violentos o de vandalismo como ocurrió en los pozos petroleros están penados por la ley y no tienen protección constitucional, por lo que tiene que haber una sanción en función de la suspensión de servicios públicos.

Añadió que, en el proceso y la investigación penal, como está ocurriendo en estos momentos, debe comprobarse la existencia de una causa directa, así como los argumentos de la defensa de Iza de que en las manifestaciones hubo infiltrados.

¿Eran personas vinculadas directamente con la protesta o eran infiltrados?   Solo una vez que se zanjen estas interrogantes y las pruebas presentadas por las partes, la Justicia deberá determinar responsabilidades.

La constitucionalista dijo que, si bien es cierto, la opinión ciudadana está ansiosa por tener una respuesta por lo ocurrido, aclaró que esto es parte del proceso legal.    La decisión de la Fiscalía de elevar una consulta a la Corte Constitucional sobre la ampliación de los plazos está amparada  en la Constitución.

El 4 de julio de 2022, Paola Bedón, jueza de la Unidad Judicial de Latacunga, declaró reservada la audiencia de juicio directo contra Iza por su presunta participación en el delito de paralización de un servicio público (delito contra la estructura del Estado constitucional).

 La hoja de ruta

En un comunicado difundido este martes 5 de julio de 2022,  la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), confirmó la instalación de una primera mesa técnica de trabajo prevista para las 09:00 de este jueves 7 de julio. Esto como parte de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la Conaie que puso fin a un paro de actividades de 18 días.

En el punto VI del ’Acta por la Paz’, firmada el 30 de junio, entre el Gobierno y las organizaciones indígenas, se señala que los comparecientes acuerdan instalar una mesa de diálogo con la presencia de los garantes, con una metodología definida por las partes para el seguimiento de acuerdos y la resolución de los temas pendientes, y que tendrá una duración de 90 días.

En la instalación de las mesas se garantizará la presencia de los representantes de las funciones del Estado relacionadas con los puntos a ser abordados. En la primera reunión se determinará la metodología de trabajo, se establecerán los temas a tratar y de definirá una hoja de ruta con los pasos a seguir durante los 90 días.

La secretaría de CEE confía que este proceso de diálogo, discernimiento y toma de decisiones sea el inicio para la construcción de un Ecuador en fraternidad, justicia  y equidad.

FUENTE: LA HORA ECUADOR