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La remoción de Yunda se sustenta en formalismos

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La sesión para tratar la posible remoción del alcalde de Quito está convocada para este miércoles 2 de junio.

En manos de los 21 concejales de Quito está la permanencia o salida del alcalde Jorge Yunda.

Este miércoles 2 de junio, a las 15:30, los ediles asistirán a la Sala de Concejo para tratar el único punto del día: analizar los dos informes con los que se busca censurar a Yunda.

Los documentos contienen nueve elementos de cargo y son impulsados por Marcelo Hallo, del Colectivo Quito Unido, y Carolina Moreno, del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito. Sus argumentos giran en torno a que Yunda supuestamente violó los literales c y g del artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).

El literal c dice que son causales para la remoción el incumplimiento legal de las disposiciones del Cootad, las ordenanzas o resoluciones. En cambio, el literal g se refiere al incumplimiento del derecho a la participación de los ciudadanos. Es decir, la remoción está sustentada en hechos formales.

El Concejo tiene previsto escuchar los elementos de cargo y de descargo. Luego votará. Se requiere las tres cuartas partes para ratificar la permanencia de Yunda al frente de la gestión de la capital.

Según la Secretaría municipal, esta es la primera vez que un Concejo Metropolitano trata un pedido de remoción. En las administraciones de Mauricio Rodas se presentaron ocho pedidos de remoción y contra Augusto Barrera hubo un trámite de remoción y otro por revocatoria del mandato. No pasaron la Comisión de Mesa.

Con Yunda, su situación es más delicada, pues aparte de los procesos administrativos enfrenta la acusación de la Fiscalía por un presunto peculado. El expediente se desprende de la compra de pruebas para detección de COVID-19.

El Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito intentó que se admitiera como un elemento de cargo la gestión del alcalde en el proceso contractual. Pero el argumento no fue aceptado. Lo que sí pasó fueron posibles infracciones sobre vialidad, transparencia y aplicación de resoluciones.

Entre los argumentos más relevantes está un aparente incumplimiento de Yunda a la ordenanza 017-2020, la cual señala que la Secretaría de Movilidad debía presentar al Concejo un proyecto de Corredor Labrador-Carapungo sustentado de forma técnica y financiera. El plazo era de tres meses. Según la Comisión de Mesa, dicho informe se remitió el 18 de marzo, 17 días luego del plazo.

Como elemento de descargo, Yunda sostiene que el incumplimiento del plazo fue de la Secretaría de Movilidad y Empresa de Movilidad y Obras Públicas, no de él. Esto consta también en los archivos que remitió la Comisión de Mesa.

El segundo argumento es no haber ratificado las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia sanitaria y que estaban contenidas en la resolución A 060, del 9 de septiembre del 2020. Yunda dice que el 15 de septiembre se sesionó para tratar el tema de las medidas, pero que la reunión fue suspendida por falta de quorum.

El tercer argumento es un aparente incumplimiento de la resolución C 013-2020. Con esta declaración, el Concejo le pidió al alcalde que incluya en el orden del día la presentación del informe del gerente general de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, que trataba sobre el plan de repavimentación integral. La Comisión de Mesa, el alcalde no cumplió e impidió la labor de fiscalización.

En cambio, Yunda sostiene que esa sesión estaba prevista para el 17 de marzo, pero que no se dio porque el entonces presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción por la pandemia del coronavirus.

El cuarto argumento contra el alcalde es no haber convocado al Concejo para presentar la política anticorrupción en el plazo requerido. Al respecto, el funcionario dice que el 2 de julio del 2020 ordenó a la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción que presente los mecanismos de control y prevención de la corrupción. Así, en agosto se incluyó un formulario web para que la gente denuncie actos ilícitos.

Mañana, el alcalde repetirá estos argumentos ante los ediles. En su Twitter ha dicho: “valió la pena entrar a la política”.

El detalle

Trámites. En las administraciones de Mauricio Rodas y Augusto Barrera se presentaron mociones para censurarlos, pero no pasaron de la Comisión.

Procedimiento

El trámite administrativo

Esteban Ron Castro, director Escuela de Derecho UIDE, explica que, si la resolución es favorable a la remoción, el alcalde podría presentar un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

En él se debe revisar el procedimiento seguido para la remoción, lo que constituya una estricta formalidad, y seguirá en el cargo hasta la remoción, según el artículo 337 del Cootad.

El trámite ante el TCE se resolverá en 10 días contados a partir del día siguiente en el que avoque conocimiento, según el Código de la Democracia en el Art. 248.2. En este punto no cabe apelación ni recursos horizontales por ser consultivo-procedimental.

Si es favorable el pronunciamiento del TCE a la remoción se procederá con el reemplazo.

Si el TCE encuentra incumplimientos formales o procedimentales podrá disponer que la remoción queda anulada y se devolverá el trámite al Concejo. Es decir, el alcalde podrá seguir en funciones. EXPRESO

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