La primera gran masacre carcelaria en Ecuador se registró el 23 de abril de 2021. Desde entonces, se han registrado nueve hechos similares que han dejado 416 personas privadas de la libertad (PPL) muertas. El último de estos hechos se registró en la cárcel de Santo Domingo.

La versión del Gobierno ha sido que existen enfrentamientos entre bandas, por ganar territorio y liderazgo en las cárceles. Al menos seis bandas han sido identificadas dentro del conflicto: Choneros, Lobos, Lagartos, Chone Killers, R7 y Tiguerones.

Por ejemplo, en la primera masacre (23 de febrero de 2021), el exdirector del SNAI, Edmundo Moncayo, señaló que Pipos, Lobos, Chone Killers y Tiguerones se enfrentaron a su exbanda líder: los Choneros.

Pese a tener identificados a los líderes de cada organización delincuencial, al momento no hay ninguno penalizado. Tampoco se ha llegado a juicio.

*Responsables directos*

La Fiscalía General del Estado debe investigar a los responsables directos de las masacres, es decir, a los presos que mataron a otros reos; así como a los autores intelectuales de esos hechos.

Son ellos quienes tienen una responsabilidad penal. “La Fiscalía tiene que darnos esta respuesta, tiene que procesarlos y tiene que darles otra sentencia”, explica el abogado penalista Pablo Encalada.

Desde 2021, se ha presentado 59 denuncias, de las cuales 19 están en instrucción fiscal, por los delitos de asesinato, daño a bien ajeno, delincuencia organizada, homicidio, robo y violación.

*Demanda al Estado*

Encalada explica que ante estos hechos, las familias de las víctimas de las cárceles podrían presentar una demanda contra el Estado.

La responsabilidad, sin embargo, será administrativa pero no penal, aclara Encalada al señalar que estos casos tendrán fines indemnizatorios. “Me parece importante que haya una sentencia en ese sentido, que se establezcan responsabilidades”, dice.

Para eso, las familias deben agotar todas las instancias internas. Si no obtienen respuestas en el ámbito nacional, deben ir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para llevar un juicio contra el Estado se debe acudir a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. Esto, sin embargo, tarda mucho, un ejemplo es el caso de Paola Guzmán, cuya familia obtuvo justicia después de casi 20 años.

Mensaje de impunidad

Daniel Romero, abogado penalista, dice que él no tener sentencias por las masacres carcelarias emite un mensaje de impunidad. “Si no se juzga a los cabecillas, ni a los miembros de bandas que han perpetuado el terror de las cárceles, las masacres no van a terminar”, dice.

Otro problema que puede generar la falta de sentencias es “entorpecer el proceso de pacificación”. Romero explica que si el juzgamiento llega luego de la pacificación “los tratados pueden romperse o, lo que es peor, dilatar hasta archivar las causas por mantener la pacificación”, dice.
Al momento, Lobos, Tiguerones, Chone Killers, Latin Kings y R7 han expresado su deseo de iniciar el proceso de paz y llegar a una tregua en las cárceles. (AVV)

Debido a que las causas están bajo investigación no se puede detallar qué bandas ni quiénes podrían ser juzgados.

FUENTE: LA HORA ECUADOR