La ley de uso legítimo de la fuerza aprobada por la Asamblea entró en vigencia este lunes con su publicación en el Registro Oficial.

Uno de los cambios, que la policía reconoce le favorece, es el patrocinio legal ante los procesos judiciales que por su labor pudieran sufrir los uniformados.

«El respaldo que tendremos en las decisiones judiciales que entiendan y comprendan que el uso de la fuerza es una garantía tanto para el policía que la usa como para el ciudadano que ve que no se vulneren sus derechos», así lo indicó Fausto Salinas, comandante de la policía.

Sin embargo, hay preocupaciones, una de ellas es que no se aclara lo que es la materialización de la amenaza. Es decir, cuándo un hecho se constituye en una amenaza en la que el policía pueda utilizar su arma.

Por ejemplo: ¿un uniformado debería reaccionar cuándo un sospechoso porte un arma, cuándo la apunte o cuándo dispare?

El ministro de gobierno, Patricio Carrillo indico que: «hay amenazas en las calles con armas, pero luego en las pericias la defensa técnica hábilmente presenta experticias diciendo que el arma no funcionaba, bajo ese mecanismo dice que no podía haberse materializarse el hecho, sin dinámicas que ya la estamos viviendo».

Por eso hay un equipo técnico que analiza la ley y con el que se trabajará en un reglamento que permita ir superando vacíos que pudieran existir.

El presidente de la comisión de seguridad, Ramiro Nárvaez, resalta la norma.

Pero hay otro tema. La norma podría dar la pauta para que cualquier acción de los uniformados aunque estuviera fuera de la órdenes superiores sea responsabilidad del mando, por eso analizan que hacer cuando se suciten estos casos u otras ambigüedades que tuviera la ley.

Por ahora hay un equipo técnico que analiza la ley y con el que se trabaja en un reglamento para superar los vacíos que puedan existir. No se ha dado tampoco un plazo para la definición del reglamento.

FUENTE: ECUAVISA