La mañana de este lunes 4 de abril del 2022, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, presentó medidas cautelares contra el Pleno de la Legislatura. Eso ocurrió previo a los intentos de conformar una Comisión Pluripartidista con la que se busca evaluar a los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Según el portal del Sistema Informático de Trámite Judicial (Satje), la causa se sorteó en un Tribunal de Garantías Penales de la parroquia Iñaquito, cantón Quito, integrado por los magistrados Julio César Obando Guzmán (ponente), Mabel del Pilar Tapia Rosero y Olga Azucena Ruiz Russo.

El asesor jurídico de Llori, Julio César Sarango, manifestó a Ecuavisa.com que con esa acción constitucional se busca el cumplimiento de la ley, la Constitución, el debido proceso, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. “Queremos que todos los asambleístas se rijan a esos parámetros y que verdaderamente podamos contribuir al principio de seguridad jurídica que tanta falta nos hace en Ecuador”.

Para el jurista, en la Función Legislativa se busca establecer una Comisión Pluripartidista apartándose de la legalidad y la Constitución y eso se trata de evitar. “Los asambleístas tienen que apegarse a la normativa (…) Usted sabe que en dos o tres sesiones en el Plano hubo incidentes por esta Comisión y se dieron eventos políticos sin darse cuenta que afectan al desarrollo normal, al buen ejemplo y buenos hábitos que deben tener los ciudadanos del Ecuador y más una institución como la Legislatura”.

Considera que debe haber regímenes básicos y mínimos de cumplimiento. “Si los legisladores no respetan los derechos ¿en dónde podemos pedir ese respeto? Eso es lo único que se quiere a través de las medidas cautelares presentadas por la presidenta Guadalupe Llori”.

Llori presentó medidas cautelares previo a la reunión número 771 en el Pleno de la Legislatura, prevista para mañana. Según el orden del día, los temas a tratar se relacionan a la objeción parcial presentada por el presidente Lasso al Proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el segundo debate del proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la solicitud de juicio político en contra del Procurador General del Estado remitida por la Comisión de Fiscalización para resolución del Pleno, por no haber contado con los votos para su calificación, entre otros asuntos de interés nacional.