Aunque no están paralizados por completo sus servicios por la crisis sanitaria generada por el coronavirus o COVID-19, la Función Judicial lleva un mes atendiendo solo casos de flagrancia a nivel nacional.

Manteniendo suspendida la atención presencial en la mayoría de sus dependencias y usando el teletrabajo para despachar temas jurisdiccionales y administrativos.

El 16 de marzo pasado, el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), mediante la resolución 031, daba a conocer que en el país solo atenderían las Unidades de Flagrancia y suspendía el trabajo en el resto de dependencias jurisdiccionales y administrativas.

Ese mismo día, el pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) decidía suspender los plazos o términos previstos en la ley para los procesos en la emergencia, salvo en los casos de infracciones flagrantes y acciones de habeas corpus.

Aunque en ambos casos las resoluciones llegaban para asegurar la continuidad del servicio de justicia, precautelar la vida y la salud de usuarios y servidores judiciales y reducir el flujo procesal para coadyuvar con el aislamiento social para prevenir contagios.

También produjeron la paralización de casos en los que ya se habían definido fecha para audiencias, pericias y otras diligencias.

Cifras de la CNJ podrían ejemplificar la drástica disminución del trabajo jurisdiccional. Pese a que se mantiene la modalidad de teletrabajo en temas administrativos y jurisdiccionales, en estos últimos 30 días la institución ha emitido dos sentencias por escrito en causas penales y su presidenta, Paulina Aguirre, además de otras acciones, dictó providencias en materia de extradición en al menos diez causas.

Además, la CNJ usando medios telemáticos (teleaudiencias) reinstaló la audiencia de juicio en el caso Sobornos e instaló una audiencia de habeas corpus solicitada por tres sentenciados por las paralizaciones de octubre pasado en Lago Agrio, Sucumbíos.

Al momento en 250 dependencias judiciales en todo el país solo se atienden casos de flagrancia relacionados con materias penal, familia, tránsito, violencia contra la mujer, adolescentes infractores y garantías penitenciarias.

Entre el 16 de marzo y el 13 de abril, el CJ señala se ha atendido 2 391 casos por infracciones flagrantes. Guayas es la provincia con mayor cantidad de casos procesados y por ello en esa jurisdicción se dispuso que por seguridad sanitaria se realicen teleaudiencias.

Entre el 27 de marzo y el 14 de abril últimos se realizaron 131 audiencias de flagrancia por videollamada y se ha dado trámite a un habeas corpus.

La Fiscalía también señaló que trabaja salvaguardando la salud e integridad de funcionarios y usuarios y tomando en cuenta disposiciones como la suspensión de plazos y términos procesales.

La fiscal general, Diana Salazar, emitió resoluciones que regulan el procedimiento de flagrancia y la modalidad de teletrabajo para todos sus funcionarios.

Los fiscales a escala nacional, según la institución, están trabajando desde sus casas, vía teletrabajo, en sus casos. Ellos, se explicó, elaborarían proyectos de actuaciones procesales como desestimaciones, dictámenes, archivos, etc., los cuales cuando termine el estado de emergencia se pondrán en conocimiento de las respectivas unidades judiciales.

Uno de esos casos sería la formulación de cargos por el delito de peculado en el caso Mascarillas relacionado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que Fiscalía anunció que presentará una vez que se retomen las actividades.

Por el estado de emergencia, el cual incluye restricciones de circulación, todas aquellas actividades de investigación de campo se hallan diferidas.

Desde el 17 de marzo pasado han cambiado la forma de trabajar, asegura el titular de la Defensoría Pública, Ángel Torres. Según él, antes de la presencia del COVID-19 había 733 defensores públicos que trabajaban en todo tipo de casos, pero hoy solo 490 prestan sus servicios en jornadas especiales y bajo la modalidad de turnos domiciliarios para atender en las Unidades de Flagrancia.

Adicionalmente 235 defensores públicos y personal administrativo se encuentran laborando bajo teletrabajo.

Desde el 17 de marzo al 12 de abril últimos la Defensoría Pública ha patrocinado a 2061 personas en 1653 audiencias de flagrancia. En Guayaquil habrían fallecido a causa del virus dos defensores públicos.

Torres asegura que la única forma de enfrentar la crisis es redireccionar no solo el trabajo del personal y las instituciones, sino sus presupuestos. Según él, la necesidad del personal de implementos de bioseguridad (mascarillas, guantes, gel antiséptico…) y sistemas tecnológicos para el trabajo diario ha hecho que se reforme el presupuesto de la Defensoría, más aún cuando se conoce que este tema sanitario no desaparecerá al corto plazo.