La alerta llegó desde la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha. En un comunicado anunció la puesta en marcha de un “sumario disciplinario” en contra de Juan Pablo Torres, abogado de Jorge Yunda en el proceso de acción de protección presentado para evitar la remoción del Municipio.

Torres está, según la entidad, suspendido desde el 16 de julio hasta el 16 de septiembre de 2021. El abogado fue suspendido mediante una resolución emitida por la Dirección Provincial el 21 de octubre de 2020 y ratificada el 12 de julio de 2021, dice el comunicado.

Para el abogado Edison Carrillo, esta suspensión daría lugar a que todo el proceso en el que se vio involucrado Torres se inhabilite. Explicó además que, pasar por alto este detalle puede ser usado como una estrategia para ganar tiempo por parte de la defensa de Yunda.

Pone como ejemplo que en caso de que la decisión hubiese sido contraria a los intereses de Yunda si podría utilizarla para “anular el proceso”, precisamente porque su abogado estaba “inhabilitado de actuar“.

Fernando Morales, concejal de Quito y detractor de Yunda, dijo que esto es uno más de los procesos en los que existe algún tipo de dudas en torno a la defensa de la primera autoridad de la ciudad.

“Al estar suspendido no estaría habilitado para defender a ninguna persona, por lo tanto, debería declararse la nulidad del proceso en el que intervino”, acotó.

¿Qué pasa con los procesos?

Carrillo menciona que el tema debe pasar a conocimiento de la Unidad Judicial y de la autoridad que tramitó el proceso para que resuelva si procede o no la nulidad del caso. A su criterio, este tipo de acciones rayan en el juego de “posibles fraudes procesales” que son empleados como estrategias para extender en el tiempo la toma definitiva de una decisión. “Todo lo actuado hace pensar mal”, sostiene.

Explica que en el caso de declararse la nulidad se revierte todo hasta el momento en que se causó la nulidad.

Según el Consejo de la Judicatura, Torres patrocinó a Yunda en la audiencia del 23 de julio de 2021. Ese día se celebró la apelación a la acción de protección aceptada parcialmente por la jueza María Belén Domínguez y en favor de Yunda, sobre el informe de la Comisión de Mesa que conoció y dio paso al pedido de remoción.

Sanciones para el abogado

Las posibles sanciones están establecidas en el artículo 336 del Código Orgánico de la Función Judicial. La primera sería la imposición de multas de hasta tres remuneraciones básicas unificadas. En caso de no pagar el monto en un lapso de tres meses, ocasionará la suspensión en el Foro de Abogados. Dicha suspensión subsistirá hasta que se haga efectivo el pago.

Además, puede existir una suspensión del ejercicio profesional. El artículo 338 del mismo código menciona que la suspensión no podrá ser inferior a un mes ni mayor a seis meses, atendiendo a la gravedad de la falta.

Yunda no quiere dejar cabos sueltos

Un portal web reveló que al menos 8 abogados han pasado por la defensa de Jorge Yunda durante los últimos tres meses.

Juan Pablo Torres (con licencia suspendida), Gonzalo Guerrero (exjuez del Tribunal Contencioso Electoral en época del gobierno de Rafael Correa), Jorge Acosta (expresidente del Tribunal Supremo Electoral), Gabriela Obando (Procuradora municipal), Ricardo Vanegas (consultor externo), Marcelo Ycaza, Diego Oviedo y David Meza, estos tres últimos presentaron recursos como las acciones de protección que mantienen a Yunda en el cargo.

Para el 26 y 27 de agosto estaban pactadas las audiencias en donde el TCE debía decidir sobre las denuncias presentadas en contra de Yunda por el supuesto cometimiento de infracciones electorales graves.

Fueron suspendidas puesto que la defensa de Yunda recusó a los jueces Ángel Torres y Arturo Cabrera. El pleno del TCE deberá tramitar estos procesos antes de dar paso a la fecha de una posible nueva audiencia.

FUENTE: LA HORA EC