El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el formulario para recoger las firmas que avalen una consulta popular que pregunte a los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito si están o no de acuerdo con prohibir la minería a pequeña, mediana y gran escala.

El noroccidente del Distrito es parte de la séptima Reserva de Biósfera del Ecuador declarada por al Unesco. Incluye pueblos como Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Mindo, Lloa, Nono y San José de Minas.

En esta región, que es parte de la Mancomunidad del Chocó Andino y tiene una extensión de alrededor de 300 mil hectáreasoperan concesiones mineras desde hace 20 años.

Actualmente, existen seis concesiones en trámite y 12 licencias aprobadas para actividades mineras. De estas, diez se encuentran en la etapa de exploración de tierras y dos ya tienen permisos de explotación. Una de estas se encuentra en Pacto, donde los habitantes denuncian conflictos sociales, ambientales y amenazas a quienes se oponen a la minería.

Estos hechos motivaron a las demás comunidades del noroccidente de Quito a unirse y convocar a una Consulta Popular.

Afectaciones económicas.

La Bioregión del Chocó es una de las zonas más biodiversas del mundo por lo que es calificada como un hot spot. Sus habitantes han desarrollado su economía alrededor del turismo ecológico.

Actualmente, existen tres mil camas que van desde hostales familiares a hoteles de lujo. También hay alrededor de 40 reservas privadas que ofrecen el servicio de avistamiento de aves o aviturismo, una actividad que representa ingresos de alrededor de $1.425 millones al año.

Según la Estrategia de Aviturismo del Ecuador, en los próximos cinco años esta cifra podría aumentar a 14 millones de dólares por año.

Teolinda Calle, representante de la Mancomunidad Chocó Andino, vive entre Calacalí y Nanegalito, dentro del bosque que es parte del Corredor Ecológico del Oso Andino. Ella y sus vecinos presionaron por años al Municipio para que declarara esta área protegida. Actualmente el corredor ecológico tiene 65 mil hectáreas, la mayor parte dentro de terrenos privados. Calle tiene una propiedad con un café que recibe a turistas que acuden a ver aves.

“Donde vivo hay dos concesiones mineras y nunca me informaron”, dice Calle y reclama que no hubo consulta previa. Actualmente, esas mineras están en etapa de exploración. El problema es que más de 40 reservas ecológicas privadas dependen de la conservación de sus terrenos.

En el Chocó Andino también está la ‘Ruta de la Panela Orgánica’, que cuenta con seis asociaciones de paneleros. La actividad beneficia a unas 800 personas directamente y 1.200 indirectamente. El 35% de la producción se exporta a España, Italia, Estados Unidos y Rusia. Solo la panelera Abeja Kapira produce 15 mil quintales al año, que representa un ingreso de 1.2 millones de dólares.

Esta región, además, produce 25 mil litros de leche al día (unos 10 mil dólares diarios), confirma Inty Arcos, coordinador técnico de la Mancomunidad Chocó Andino. Agrega que también hay un mercado de cacao y chocolate en crecimiento.

Arcos es uno de los promotores de la Consulta Popular. Explica que hay todo un tejido empresarial y social que depende de la conservación de la región y que debe ser respetado.

Si bien no se pueden revertir las doce concesiones que están en marcha, el activista considera justo preguntar a la ciudadanía “si desea o no que se siga entregando de manera inconsulta de territorios a empresas mineras”.

Arcos cree que la minería destruiría el recurso que alimenta a restaurantes, hoteles, pequeños y grandes emprendimientos por lo que insiste en que “la minería atenta contra la seguridad jurídica de los emprendimientos sostenibles que tenemos en el Chocó Andino”. Según el Plan de Ordenamiento y desarrollo de Pacto, solo la minería solo beneficia al 2% de la población. 

Hasta octubre tiene plazo el colectivo Quito sin Minería para recolectar las 200 mil firmas.
Hasta octubre tiene plazo el colectivo Quito sin Minería para recolectar las 200 mil firmas.

Seis parroquias quieren ‘escapar’ del mapa minero

La consulta popular, al venir de una iniciativa ciudadana, necesita cumplir dos requisitos: un dictamen favorable de la Corte Constitucional, que afirme que el formulario y las preguntas están dentro del marco legal y constitucional: y la segunda, el 10% de firmas del total del padrón electoral del Distrito Metropolitano. El colectivo Quito sin Minería ya cumplió el primer requisito. Ahora necesita juntar las 200 mil firmas.

Las preguntas tienen relación con la prohibición de minería metálica.

Cada una de las preguntas se refiere a una escala de minería: artesanal, pequeña, mediana y gran escala. Los quiteños deberán responder si están de acuerdo con prohibirla en la Mancomunidad del Chocó Andino.

Sylvia Bonilla, abogada colectivo Quito sin Minería, explica que si bien el efecto se aplicaría a las seis parroquias rurales de: Pacto, Gualea, Nanegalito, Nanegal y Calacalí, los votantes son todos los ciudadanos inscritos en el registro del CNE que habitan en el Distrito Metropolitano de Quito.

“Los efectos son a futuro”, aclara Bonilla. Es decir que no afectaría a las concesiones que ya están entregadas. “Lo que se prohíbe es al Gobierno Central (a través de su ente rector el Ministerio de Energía y Minas) volver a concesionar dentro de esta zona”, sostiene.

Hay concesiones que están graficadas en el mapa de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y el efecto, de ganar el Sí, hay la obligación de “desgraficar” esos potenciales bloques mineros.

El tercer efecto de la consulta―aclara la abogada― es que en cualquier caso en el que se declare la caducidad de una concesión, no pueda volver a licitarse esa zona.

Inty Arcos asegura que si el Distrito Metropolitano logra la prohibición de mineras en el Chocó Andino, las concesiones que están en etapa exploratoria ya no podrían seguir a la etapa de exploración.

Según Quito Verde, en el Chocó Andino

FUENTE: LA HORA ECUADOR