El acuerdo ministerial lleva la firma del titular de la cartera de Trabajo, Luis Poveda.

Con su vigencia, las instituciones del sector público podrán ejecutar la supresión de puestos de los servidores públicos que tienen nombramientos.

Se realizará una evaluación de los funcionarios en lo laboral y presupuestario para posteriormente comunicar al servidor público su cesación de funciones y proceder al pago de su indemnización.  

El acuerdo se aplicará para las personas contratadas bajo la Ley Orgánica de Servicio Público.

Cristobal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, calificó de ilegal el acuerdo por vulneración de derechos.     

Una vez cesado el funcionario, automáticamente quedará suprimida la partida presupuestaria correspondiente al puesto.  

El representante de la Federación de Servidores Públicos, Miguel García, señaló que aproximadamente 14 mil partidas serían eliminadas.

Quedan por fuera de este proceso

  • Los servidores públicos que pertenezcan a los grupos de atención prioritaria.
  • Dentro de este grupo constan las personas con discapacidad severa o quienes tengan a su cuidado un hijo, cónyuge, conviviente en unión de hecho o progenitor con grado severo de discapacidad.
  • Mujeres embarazadas que tengan licencia de maternidad o permiso para cuidados del recién nacido.
  • Los funcionarios que están en licencia sin remuneración o comisión de servicios con remuneración, por estudios de posgrado o que se encuentren devengando el tiempo invertido en su formación.
  • Las partidas que se encuentren en litigio.

La desvinculación de funcionarios es parte de la política de austeridad que anunció el Gobierno por la crisis económica que vive el país.  ECUAVISA/CL