La temporalidad del embarazo, los requisitos para acceder al procedimiento y la objeción de conciencia de los médicos fueron los tres nudos críticos sobre los que giró el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación.

La sesión 749 de la Asamblea Nacional se desarrolló, el 9 de diciembre, en una extensa jornada de casi de diez horas. Por la mañana, los legisladores escucharon a 23 representantes de organizaciones de la sociedad civil que expusieron argumentos a favor y en contra. Mientras tanto, en los exteriores del Palacio Legislativo se apostaron grupos feministas y los autodenominados provida. Al interior, en las curules de varios asambleístas colgaban pañuelos verdes (a favor del aborto por violación) y celestes (provida), que representaban las posturas de cada uno.

El debate en el Pleno inició alrededor de las 16:00, con la lectura del informe de la Comisión de Justicia -responsable de procesar la propuesta de la Defensoría del Pueblo-, y finalizó a las 20:50, tras la intervención de 24 parlamentarios. Los tres temas que marcaron la sesión no fueron definidos en el informe aprobado por la Comisión.

El proyecto que se discutió en primera instancia obedece a la sentencia emitida por la Corte Constitucional (CC), el 28 de abril, que despenalizó el aborto en casos de violación, declarando la inconstitucional del numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La CC dispuso que en dos meses la Defensoría debía elaborar una propuesta de norma, la cual llegó a la Asamblea el 28 de junio. Desde ahí, corre un plazo de seis meses para que los legisladores aprueben la ley. Este último plazo vence el 28 de diciembre.

La Corte determinó que la iniciativa de la Defensoría del Pueblo para la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación que enmarque “sobre la base de los criterios establecidos en la presente sentencia y evidencia médica y científica, establezca condiciones y requisitos para que exista un adecuado balance entre la protección del nasciturus (concebido no nacido) y los derechos constitucionales de las mujeres víctimas de violación”.

La asambleísta Sofía Espín (UNES), miembro de la Comisión de Justicia y que votó en contra del informe, cuestionó el proyecto de ley y aseguró que no se está acatando la sentencia constitucional porque no se contempla hasta qué momento de la gestación se podrá interrumpir el embarazo, tampoco se establecen condiciones para requerir la intervención médica y no se esclarece sobre el derecho a la objeción de conciencia.

Espín mencionó que la Corte señala que es necesario fijar parámetros mínimos. En ese sentido, dijo que los requisitos para acceder al procedimiento pueden ser los indicados en la misma sentencia, como una denuncia penal, un examen médico o una declaración juramentada.

En la misma línea se pronunciaron los legisladores Geraldine Weber (PSC), Pierina Correa (UNES), Ricardo Vanegas (PK), Omar Cevallos (Independiente), Nathalie Viteri (PSC), entre otros. Quienes, además, manifestaron que no se incluyen parámetros para castigar a los violadores.

Weber dijo que “querer imponer el aborto sin requisitos es una salvajada” y aseguró que el tema desacata a la Constitución de la República que, en el artículo 45, reconocer la vida desde la concepción. Correa añadió que se pretende, de forma errónea, posicionar al aborto como un derecho fundamental.

Por su parte, Vanegas -miembro de la Comisión de Justicia que también votó en contra del informe- enfatizó que es necesario fijar una temporalidad, con criterios técnicos, para que se pueda practicar el aborto, ya que si se lo hace después de los seis meses de gestación se estaría hablando de un “feticidio”. Planteó que se hagan distinciones cuando las víctimas sean niñas. Y agregó que, en cuanto a la objeción de conciencia, no se puede obligar al medio a realizar ese tipo de intervenciones.

Desde quienes apoyan el aborto en casos de violación, la asambleísta Wilma Andrade (ID) dio ejemplos de los tiempos que se han fijado en otros países para que las víctimas gestantes puedan interrumpir el embarazo, como en el caso de Uruguay que estableció 12 semanas. Enfatizó que el debate es para crear un marco normativo que permita a la víctima de violación acceder al procedimiento en el sistema de salud pública de forma gratuita y segura.

La asambleísta de Pachakutik, Sofía Sánchez, mencionó que es imposible que se la denuncia sea una condición y que la temporalidad no es aplicable en todos los casos porque, “las niñas que son violadas no se enteran que están embarazadas a la quinta semana”.

La legisladora independiente Daysi Yuquilema habló de la revictimización que sufren las mujeres que presentan denuncias, y de las dificultades que tienen las que viven en las zonas rurales para llegar a las ciudades a denunciar a sus agresores. Dijo que debe haber acompañamiento de las casas de salud.

“No es contradictorio defender la vida y comprender a las mujeres que el Estado no ha podido proteger”, comentó la socialcristiana Dallyana Passailaigue, quien insistió que exigir una denuncia y fijar una temporalidad terminan por conducir a la maternidad forzada de las víctimas.

Tras finalizar el primer debate, el proyecto regresará a la Comisión de Justicia para el análisis y elaboración del informe para segundo debate. Si bien el plazo que dio la Corte Constitucional para que la Asamblea apruebe la ley vence el 28 de diciembre, la discusión quedará en espera, debido a que los parlamentarios estarán en receso legislativo desde el 16 hasta el 30 de diciembre. EL UNIVERSO