Una vez que la Corte Constitucional (CC) ratificó la constitucionalidad de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), el magisterio alista una propuesta normativa para dar viabilidad al sistema de jubilación especial para los docentes y el incremento de las remuneraciones, las cuales no estarán vigentes hasta resolver los vicios de inconstitucionalidad por la forma que quedaron pendientes.

Al conocer la decisión del máximo organismo de control constitucional, la Unión Nacional de Educadores (UNE) levantó ayer la huelga de hambre que se mantuvo durante 32 días, por la que exigían que se rechacen dos demandas de inconstitucionalidad por la forma y el fondo que se presentaron a la ley, que se aprobó en marzo pasado por el anterior periodo de la Asamblea Nacional y a las que el expresidente Lenín Moreno dio el ejecútese.

“Declaramos una victoria para la niñez y juventud. La Corte nos ha dado la razón: la ley es constitucional. Los 32 días de huelga de hambre de 89 compañeros en catorce provincias no fue en vano. Esta medida extrema fue necesaria, porque extrema es la necesidad”, dijo Isabel Vargas, presidenta de la UNE, en un acto en los exteriores del Legislativo en Quito, en donde se instaló un grupo de maestros participando de la medida de hecho que ayer terminó.

“Hemos vencido a las pretensiones de este Gobierno de que se declare la inconstitucionalidad. Esta victoria recupera los derechos de los niños y repara derechos de los maestros y estudiantes”, agregó la dirigente.

En ese sentido, la UNE buscará acompañar el proceso de aplicación de la norma, por lo que convocó a una movilización para el próximo lunes a las 10:00 para acudir hasta el Ministerio de Educación y presentar una propuesta que, justamente, dé viabilidad a la jubilación y el incremento de las remuneraciones.

Sobre estos dos componentes de la ley, la Corte resolvió que “no estarán vigentes por contener un vicio formal de inconstitucionalidad”, según consta en la sentencia aprobada con ocho votos a favor y uno en contra.

Estos artículos plantean aspectos como la implementación de un sistema especial de los docentes, con la acreditación de un derecho vitalicio de jubilación, cuando el afiliado haya cumplido un mínimo de 300 imposiciones mensuales, sin límite de edad. Además, que los docentes que acrediten 360 imposiciones mensuales sin límite de edad recibirán una pensión jubilar.

En el caso de las remuneraciones, la norma establece que el piso de la escala salarial no será inferior al equivalente a 2,5 salarios básicos unificados. Para ello, el Estado debe garantizar los recursos necesarios para financiarlas.

Pero para los jueces, esto se resolvió sin estudios actuariales actualizados y sin un análisis de factibilidad financiera, con lo que se transgredieron artículos de la Constitución, relacionados, por ejemplo, con la sostenibilidad de la Seguridad Social.

Es por ello que el organismo “deploró” que los “órganos colegisladores” omitan garantizar el “principio de sostenibilidad de la seguridad social”, y sobre todo de contar con estudios actuariales actualizados que apoyen la creación de nuevas prestaciones. “Ese tipo de práctica política carece de seriedad, ya que promueve el desarrollo de los derechos sociales de la población solamente de manera ilusoria, defraudando las aspiraciones legítimas de los asegurados”.

Estos artículos deberán volver a ser tratados por la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República, y para ello se determinaron ciertos plazos.

Así por ejemplo, deberán contar con estudios actuariales y análisis de factibilidad económica elaborados en un lapso de seis meses; y en 30 días deberán subsanar las omisiones.

Cuando estos tiempos se hayan cumplido, la Corte resolverá sobre la declaratoria de inconstitucionalidad por la forma.

Los docentes saludaron que prevalecieron aspectos como la educación inclusiva, el reintegro de docentes desvinculados en el contexto de la pandemia, el pago del bono a la excelencia por evaluación; afiliación al Seguro Social de 13.000 maestros comunitarios, y el derecho a 30 días de vacaciones consecutivos, entre otros aspectos.

Elvis Moreira, en representación de los maestros que se mantuvieron en la huelga de hambre en Quito, dijo que lo actuado por la Corte es “una victoria”.

Horas antes de conocer el dictamen, ayer, en una entrevista en radio Centro, la ministra de Educación, María Brown, informó que convocarán al diálogo a los sectores de los docentes “para poder plantear la viabilidad de la norma o plantear medidas alternativas”. EL UNIVERSO