Este miércoles 29 de septiembre de 2021, inició la audiencia de juicio por presunto peculado en el caso “Pruebas PCR Quito”, en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y de otras 13 personas.

En el Complejo Judicial Norte de la capital se desarrolla la diligencia, en donde el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, presenta su teoría del caso.

El fiscal ha manifestado que la firma del «contrato de emergencia para la adquisición de reactivos para la determinación de COVID-19 por PCR Polimerasa» para la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, habría ocasionado un perjuicio de 2’235.491,16 al Estado.

Además, en su alegato de apertura, el fiscal ofreció probar -mediante la práctica de pruebas testimoniales, periciales y documentales- «que la conducta adoptada por los ciudadanos procesados es penalmente relevante, que lesionó un bien jurídico protegido y que se subsume en la conducta tipificada como peculado».

Por su parte, el alcalde de Quito compareció al Complejo Judicial, antes de que se instale la diligencia en su contra (pasadas las 09h30), pero no entró a la sala de audiencia.

Cinco minutos después de instalada la diligencia, Yunda salió del Complejo y se subió a un vehículo. Antes de marcharse dio breves declaraciones, publicó Diario El Comercio. «Nunca hicimos nada malo. Nunca cometimos ningún delito», dijo antes de irse.

El 16 de abril de 2020, la Secretaría de Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito contrató, con la empresa Salumed S. A., la compra de 100.000 pruebas PCR para la detección de Covid-19 por Polimerasa, a un costo de 4,2 millones de dólares.

Según las investigaciones de Fiscalía, en lugar de las PCR Polimerasa, habría recibido pruebas de diagnóstico RT LAMP, cuya capacidad de detección del virus sería menor que la requerida en el contrato. Es decir, no habrían cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas y, aun así, fueron aceptadas por la Secretaría de Salud.

Además, Fiscalía ha señalado que tanto el Alcalde como las responsables de la Secretaría de Salud del Municipio habrían intentado obtener la validación de las mismas en algunas entidades públicas y privadas, y las siguieron usando, pese a que varios informes señalaban que su sensibilidad y especificidad para detectar el virus no eran las requeridas.

En este contexto, y teniendo en cuenta que Salumed S. A. habría incumplido con el contrato, la Secretaría de Salud, con conocimiento del Alcalde, habría tomado la decisión de terminar el contrato por mutuo acuerdo y no de manera unilateral.

Los catorce procesados

Fiscalía detalló el presunto grado de participación de cada uno de los funcionarios públicos y del beneficiario privado involucrados:

Jorge Homero Yunda Machado, alcalde del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (autor mediato por dominio de la voluntad en aparatos del poder).

Lenin Boroshilov M. C., exsecretario de Salud del Municipio de Quito (autor directo).

Juan Alejandro V. A., representante de Salumed S. A. (autor directo).

Enrique José B. F., director metropolitano de gestión de la Secretaría de Salud-comisión técnica (coautor).

Diego Fernando S. M., integrante de la comisión técnica de la Secretaría de Salud (coautor).

Simón Narcilo V. V., integrante de la comisión técnica de la Secretaría de Salud (coautor).

José Hernán M. E., estudio de mercado (coautor).

Iván Augusto M. R., estudio de mercado (coautor).

Ximena Guadalupe A. D., secretaria de Salud del Municipio Quito (coautora).

Linda Priscila G. B., coordinadora técnica de la Secretaría de Salud (coautora).

Daisy Sandra H. F., administradora del contrato (coautora).

Erik Romey A. V., ex coordinador jurídico de la Secretaría de Salud (coautor).

Jéssica Paola C. V., delegada en el proceso de contratación pública de la Secretaría de Salud (coautora).

Marco Antonio R. V., excoordinador jurídico de la Secretaría de Salud (coautor).

FUENTE: VISTAZO